El Gobierno nacional dispuso la baja de cuatro empresas de medicina prepaga que se encontraban inscriptas de manera provisoria en el registro oficial. La decisión fue formalizada a través de una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) publicada en el Boletín Oficial y se enmarca en el proceso de revisión y reordenamiento del sistema de salud privado.
Con esta resolución, ya son 27 las entidades dadas de baja en lo que va de 2026, mientras que el total asciende a 139 empresas excluidas desde el inicio de la actual gestión, según datos oficiales del organismo de control. El objetivo, indicaron desde el Gobierno, es depurar el padrón y contar con un registro actualizado de los prestadores que efectivamente operan en el mercado.
Las empresas alcanzadas por la medida son la Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay, la Asociación Mutual Mercantil del Personal de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba, Plan Odontológico Integral S.A. y la Cámara de Tabaco de Misiones. A todas ellas se les rechazó la inscripción definitiva en el registro, lo que les impide continuar funcionando como agentes del seguro de salud.
Desde la Superintendencia explicaron que estas bajas responden a un proceso iniciado en 2024, que incluyó auditorías administrativas, revisión de balances, verificación de padrones de afiliados y constatación de la prestación efectiva de servicios médicos. En muchos casos, se trataba de entidades que habían obtenido un número provisorio años atrás, pero que nunca completaron los requisitos necesarios para la habilitación definitiva.
Uno de los puntos que el organismo buscó remarcar es que la medida no afecta a los afiliados. Según indicaron, las empresas dadas de baja no contaban con beneficiarios activos ni brindaban prestaciones, por lo que no habrá interrupciones de cobertura ni necesidad de reubicación de usuarios dentro del sistema de salud.
El Gobierno adelantó que el proceso de depuración del registro continuará mientras se detecten entidades que no cumplan con los requisitos legales. La intención oficial es avanzar hacia un sistema más transparente y controlado, con información precisa que permita fortalecer la supervisión y la planificación de políticas públicas en el ámbito de la salud privada.
