Ante la gravedad de los hechos, que constituyen un delito y atentan contra la institucionalidad, la privacidad, la seguridad y el normal funcionamiento de las autoridades democráticamente electas, se dispuso dar intervención inmediata a la Justicia para que investigue quiénes colocaron estos aparatos y con qué finalidad.
En paralelo, se puso en marcha una investigación administrativa interna con el objetivo de determinar responsabilidades y eventuales complicidades dentro de la estructura del Estado.
A través de un comunicado oficial, el Gobierno provincial sostuvo: “Durante muchos años, en Entre Ríos se naturalizaron prácticas oscuras, de control y espionaje. Ese tiempo se terminó”.
En ese sentido, se remarcó que “hace más de un año que la provincia decidió cambiar de rumbo: terminar con las mafias, con los sótanos del poder y con los mecanismos ilegales que operaban en las sombras. No vamos a mirar para otro lado. No vamos a encubrir. No vamos a relativizar”.
Asimismo, se insistió en que la investigación avanzará “hasta el fondo para saber quiénes colocaron esos dispositivos, desde cuándo estaban instalados, a quién respondían y qué se hizo con la información obtenida”.
“La transparencia, la legalidad, la libertad y el respeto por las instituciones no se negocian. Después de 20 años de prácticas mafiosas enquistadas en el Estado, Entre Ríos está en un proceso de saneamiento profundo. Y ese proceso no se va a detener”, concluye el comunicado oficial.
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