El Ministerio de Seguridad de Argentina, encabezado por Patricia Bullrich, presentó una denuncia formal contra el exembajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, por presunta “traición a la patria”. La denuncia se refiere a su implicación en las gestiones por la liberación de Nahuel Gallo, un gendarme argentino secuestrado en Venezuela desde principios de diciembre. Según el gobierno de Javier Milei, Laborde habría llevado a cabo negociaciones sin contar con la autorización oficial, interfiriendo en las acciones diplomáticas que se estaban llevando a cabo desde la Casa Rosada.
La acusación es grave: el exfuncionario, designado por el gobierno de Alberto Fernández, es señalado por actuar de manera unilateral al contactar a la familia de Gallo, sin la debida autorización de la Cancillería, y tratar de hacer llegar una carta al gendarme secuestrado en el marco de un intercambio con el régimen de Nicolás Maduro. Según la denuncia, Laborde habría actuado como “colaborador del régimen de Maduro”, promoviendo una narrativa que contrasta con la postura oficial del gobierno argentino, que considera que Gallo fue detenido ilegalmente y que su ingreso al país no fue irregular, como Laborde había insinuado.
El documento, firmado por el representante legal del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, detalla la postura oficial del gobierno en relación con el caso. A diferencia de lo sostenido por Laborde, el gobierno argentino ha defendido la versión de que Gallo ingresó a Venezuela de manera legal, con el fin de visitar a su pareja, María Alexandra Gómez García. La familia del gendarme denunció su detención arbitraria, acusándolo de ser un espía, sin que se le informara de manera clara sobre las razones de su arresto ni su situación legal. A lo largo de las semanas, las autoridades argentinas han trabajado por vías diplomáticas para asegurar la liberación de Gallo, pero sin la intervención de terceros no autorizados.
La denuncia hace hincapié en que las gestiones de Laborde no respondieron a un interés humanitario genuino, como él mismo había afirmado, sino que habrían sido un intento de desviar la atención sobre la gestión oficial del gobierno argentino. “El exembajador no solo se superpuso a las gestiones diplomáticas internacionales, sino que incluso trató de justificar la detención de Gallo, avalando las condiciones de su cautiverio y sin cuestionar la grave violación de los derechos humanos que implicaba su desaparición forzada”, expresa el texto oficial.
Oscar Laborde, quien ocupó el cargo de embajador en Caracas desde julio de 2022 hasta diciembre de 2023, es una figura vinculada históricamente al kirchnerismo y, más recientemente, al régimen de Nicolás Maduro. En sus declaraciones, Laborde aseguró que su intervención en el caso de Nahuel Gallo fue una acción puramente humanitaria. “Fue simplemente hacer llegar una carta que me arrimaron familiares del gendarme, concretamente la madre, a Venezuela”, declaró el exembajador en medios de comunicación.
Sin embargo, su vínculo con el gobierno venezolano ha generado controversia, especialmente dentro del gobierno de Milei, que considera que la actuación de Laborde favorece al régimen chavista. En la denuncia, se lo acusa de actuar en contra de los intereses de Argentina, favoreciendo la narrativa oficial del régimen de Maduro sobre el supuesto “ingreso irregular” de Gallo al país.
El gobierno argentino ha dejado claro que continuará trabajando por la liberación de Nahuel Gallo, pero que todas las negociaciones se llevarán a cabo por canales oficiales. La postura es clara: cualquier intento de negociar sin la debida autorización del gobierno central no solo es ilegal, sino que también puede entorpecer los esfuerzos diplomáticos y poner en riesgo la seguridad del gendarme secuestrado.
El caso de Nahuel Gallo sigue generando incertidumbre, ya que, aunque la familia del gendarme logró enviarle una carta de apoyo, hasta el momento se desconoce su estado de salud y las condiciones de su detención. Las autoridades argentinas continúan trabajando para esclarecer la situación y asegurar su liberación a través de los medios diplomáticos adecuados, sin intermediarios no autorizados.
Cuando la improvisación sale cara.
El caso del gendarme Nahuel Gallo detenido en Venezuela muestra cómo una mala decisión puede terminar en un papelón internacional. Promesas sin planificación, licencias inventadas y falta de protocolo lo dejaron en una situación crítica.
— Oscar Laborde (@oscarlaborde) December 20, 2024
El Gobierno de Argentina muestra pruebas para desmentir acusaciones de ingreso irregular de Nahuel Gallo a Venezuela
El Gobierno de Argentina ha dado un paso importante en la investigación sobre el caso de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre. En un comunicado oficial, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, mostró documentación clave que demuestra que el ingreso de Gallo a Venezuela fue completamente legal y autorizado por el gobierno de Nicolás Maduro. La información presentada refuerza la versión oficial de que el viaje del gendarme tenía fines vacacionales, como parte de un permiso autorizado tanto por las autoridades argentinas como venezolanas.
Entre los documentos revelados por las autoridades argentinas se encuentra una carta de invitación emitida por María Alexandra Gómez García, pareja de Gallo, en la que se especifica que el gendarme iba a permanecer en Venezuela desde el 7 hasta el 30 de diciembre para visitar a su pareja y su hijo menor, en Puerto La Cruz. La carta, que fue presentada ante el Servicio Autónomo de Registros y Notarías de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, fue certificada por las autoridades venezolanas luego de un pago de 804 bolívares. Además, se presentó la ficha personal de Gallo, su partida de nacimiento y la autorización del Poder Ejecutivo argentino para que viajara al extranjero, con el respaldo de la Dirección de Personal de Gendarmería, que aprobó su permiso el 21 de noviembre de 2023.
Este respaldo oficial desmonta las versiones divulgadas por el régimen venezolano, que había alegado que Gallo ingresó al país con un supuesto “plan terrorista”, acusaciones que fueron sostenidas por funcionarios como el canciller Yván Gil y el ministro del Interior Diosdado Cabello. Según el chavismo, Gallo habría sido enviado por el gobierno argentino en una operación encubierta para extraer a dirigentes opositores venezolanos asilados en la embajada argentina en Caracas.
El gobierno de Nicolás Maduro había sostenido que el gendarme argentino estaba involucrado en un supuesto plan para introducir elementos violentos en el país, en el marco de una operación encubierta para ayudar a la fuga de los opositores venezolanos. El canciller Yván Gil había afirmado que Gallo estaba en Venezuela para “desarrollar una operación de extracción de los dirigentes de Vente Venezuela”. Por su parte, Diosdado Cabello, uno de los hombres más poderosos del chavismo, acusó a Gallo de ser parte de un plan dirigido a encubrirse en el país y contactar a uno de los dirigentes opositores para facilitar su salida.
Sin embargo, el gobierno argentino ha desmentido rotundamente estas acusaciones. La documentación presentada por el Ministerio de Seguridad demuestra que el viaje de Gallo tenía una justificación completamente diferente: un permiso oficial de vacaciones para visitar a su pareja y su hijo en Venezuela. Las autoridades nacionales también confirmaron que los trámites fueron realizados conforme a la normativa y que, en ningún momento, existió la intención de ocultar la naturaleza del viaje. De hecho, el viaje fue autorizado por las autoridades competentes tanto en Argentina como en Venezuela.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha criticado fuertemente las declaraciones del exembajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, quien había cuestionado públicamente si el viaje de Gallo había contado con la debida autorización. Laborde, quien se desempeñó como embajador en Caracas durante el gobierno de Alberto Fernández, insinuó que Argentina no había realizado los trámites correspondientes para el ingreso de Gallo. “No queda claro quién emitió la autorización, no se le avisó al agregado de Gendarmería en Colombia, no se le avisó tampoco a Venezuela que estaba entrando un gendarme”, dijo Laborde.
A raíz de estas declaraciones, Bullrich reaccionó duramente en una entrevista radial. “Hay argentinos que se han quedado allá que son personeros del régimen. Uno de ellos es Laborde, que fue embajador del kirchnerismo”, afirmó la ministra. “En medio de todo esto, sacan declaraciones y dicen que no se presentaron todos los papeles y justifican que haya un argentino desaparecido”, agregó, sugiriendo que las afirmaciones de Laborde eran una forma de deslegitimar la gestión del gobierno de Milei en el caso.
La presentación de los documentos fue realizada en un contexto diplomático tenso, ya que el gobierno argentino está buscando pruebas irrefutables que desmientan las acusaciones de Maduro y respalden la versión oficial de que el viaje de Gallo tenía fines turísticos. Los documentos fueron enviados al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, país que asumió la representación de la embajada argentina en Caracas tras el cierre de la sede diplomática en Venezuela. Brasil se ha encargado de la mediación entre Argentina y Venezuela en la liberación del gendarme, quien permanece detenido sin que se haya brindado información oficial sobre su paradero o su estado de salud.
En paralelo, las autoridades argentinas continúan buscando la liberación de Gallo por medios diplomáticos, desafiando las versiones del régimen chavista y defendiendo la legalidad del viaje. Las gestiones se mantendrán bajo el control del gobierno argentino, que ha asegurado que agotará todas las vías diplomáticas para lograr su liberación y esclarecer los hechos que rodean su detención.
