El Gobierno nacional puso en marcha el Sistema de Articulación de la Política Exterior, una estructura que funcionará bajo la órbita de la Cancillería. El objetivo es coordinar las actividades internacionales de organismos públicos cuando puedan tener impacto sobre los intereses de la Argentina.
Qué actividades deberán ser informadas
A partir de la nueva normativa, los organismos comprendidos deberán comunicar a Cancillería determinadas reuniones, negociaciones, comunicaciones y contactos con gobiernos extranjeros, organismos internacionales u otros actores del ámbito internacional. La obligación contempla aquellas gestiones que puedan comprometer posiciones oficiales, negociaciones diplomáticas o futuros acuerdos.
También deberán notificarse las actividades que puedan provocar consecuencias diplomáticas, jurídicas, institucionales o políticas, así como aquellas que tengan relación con los lineamientos de política exterior definidos por el Poder Ejecutivo. El sistema incluye de manera expresa las gestiones que puedan afectar directa o indirectamente la postura argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
La medida alcanza a los organismos incluidos en el artículo 8°, inciso a), de la Ley 24.156, categoría que comprende a la Administración Central y los organismos descentralizados, incluidas las instituciones de seguridad social. Cada organismo deberá designar un enlace encargado de mantener la comunicación con Cancillería y facilitar la coordinación cuando sea necesario.
El rol de Cancillería
Con la información recibida, el Ministerio de Relaciones Exteriores podrá analizar aquellas gestiones que considere capaces de afectar la política exterior, las relaciones internacionales, negociaciones en curso o intereses internacionales del país. En esos casos, podrá emitir advertencias, recomendaciones u orientaciones fundamentadas.
Si la situación tiene una relevancia particular, las observaciones podrán ser elevadas a la máxima autoridad del organismo correspondiente. Sin embargo, la intervención de Cancillería no significará que deba aprobar o autorizar previamente las actividades ni modificará las competencias propias de cada organismo.
El decreto también contempla la posibilidad de incorporar diplomáticos del Servicio Exterior u otros funcionarios especializados en política exterior cuando se trate de asuntos considerados estratégicos o sensibles.
Especial atención al reclamo por Malvinas
Uno de los ejes destacados de la normativa es la coordinación de las acciones relacionadas con los territorios y espacios marítimos e insulares vinculados con la cuestión Malvinas. El Gobierno sostiene que la defensa de los derechos de soberanía requiere una actuación coordinada para evitar decisiones o declaraciones que puedan perjudicar el reclamo argentino.
La normativa establece además algunas excepciones. Quedan fuera aquellas gestiones ante organismos financieros internacionales y entidades similares cuando estén limitadas exclusivamente a cuestiones financieras, crediticias, presupuestarias, técnicas o vinculadas con la ejecución de programas. La información que esté protegida por normas especiales de reserva, confidencialidad o secreto continuará bajo los regímenes específicos correspondientes.
El decreto fue firmado por Javier Milei, Diego Santilli, Pablo Quirno Magrane, Carlos Alberto Presti y Luis Caputo. La nueva medida comenzará a regir este sábado.
