El Gobierno logró reducir en 30 millones de dólares una condena del Banco Mundial contra la Argentina por el congelamiento de tarifas de los peajes.
Según informó la Procuración del Tesoro -a cargo de la representación del Estado-, el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) le dio la razón a la Argentina y “resolvió disminuir en un 20% el monto de indemnización en el caso “Webuild S.p.A. c/ República Argentina”, de US$ 147 millones a US$ 117,6 millones.
El CIADI es un tribunal del Banco Mundial que otorga jurisdicción extranjera para proteger a los inversores. En los últimos años, Argentina sistemáticamente perdió juicios en esa corte por la intervención del Estado y la ruptura de contratos en dólares en múltiples sectores de la economía tras la salida de la Convertibilidad.
“La decisión hizo lugar al pedido de rectificación presentado por esta gestión el pasado 11 de junio y representa un paso concreto en la mejora de la posición del país frente a reclamos heredados”, se comunicó oficialmente.
La controversia tiene su origen en la concesión de peaje del puente Rosario – Victoria, que conecta las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, y en las medidas adoptadas durante la crisis de 2001, que derivaron en la disolución de la concesionaria Puentes del Litoral S.A. y en un arbitraje internacional iniciado por la empresa inversora, la constructora italiana entonces llamada Impregilo.
“Este litigio, como tantos otros que aún enfrenta la Argentina, se arrastra desde hace casi dos décadas como consecuencia de políticas y decisiones de administraciones anteriores que comprometieron al país en tribunales internacionales”, explicó la Procuración, dirigida por Santiago Castro Videla.
Durante 2025 el país también perdió un juicio en el CIADI iniciado por la corporación estadounidense AES. El tribunal del Banco Mundial condenó a la Argentina a pagar US$ 715,9 millones a la empresa de generación energética por la pesificación y atraso de las tarifas de la represa hidroeléctrica Alicurá, que ahora está en un nuevo proceso de privatización, mediante una licitación de contrato de concesión.
—
