¿El gobierno quiere una reforma laboral o quiere un verano de rock and roll? Por la forma como presentó el proyecto en el Congreso, prefiere esto último. Fue a la cámara en donde tiene menor representación, está lejos de poder juntar el quórum y encima llevó a mesa entradas el proyecto más duro y confrontativo de todos los que hizo circular en los últimos meses.
En un tema del cual el gobierno presume que depende el destino de la humanidad, el Poder Ejecutivo elaboró una nueva ley ómnibus que toca todas las materias imaginables y despierta adversarios en todos los rincones posibles.
Con el justificativo de una modernización laboral, plantea una batalla en la que se aleja de cualquier rumbo de negociación y puede recibir el mismo revés que tuvo con la primera versión de la llamada Ley de Bases. Propuso en diciembre de 2023 una iniciativa con 664 artículos que el Congreso jibarizó en julio y la dejó en 238.
La Cámara de Diputados rechazó la primera versión y la sometió al proceso que Miguel Pichetto llamó de “despendejamiento”. Ahora se repite el impulso testimonial de un gobierno de minoría que le dice a la sociedad que viene a hacer la revolución y que le tienen que dejar que lo intente. Amparado en ese testimonialismo, el proyecto fue calificado por uno de los más importantes negociadores de la oposición como “la suma de los sueños húmedos de Federico Sturzenegger”.
El envión ha logrado lo que nadie: unir a los primos Menem y al presunto spin doctor del gobierno, Santiago Caputo, contra el proyecto. El objetivo es privilegiar la pelea como un recurso para hacer músculo, identificar amigos y enemigos y construir el poder que no se tiene.
Patricia a prueba en el Senado
El gobierno busca rock and roll porque en el Senado tendrá la confrontación más marcada con el peronismo, y pondrá a prueba —con esa sutileza canalla que solo aporta la política— la capacidad de Patricia Bullrich para ser la abanderada de esta reforma. Tiene expertise porque peleó por la misma bandera con el gobierno radical de Fernando de la Rúa. Ahora probará si aprendió. Y si le va mal, sabrán si Patricia estaba para ser senadora o es otro tigre de papel.
Claro que se mortifica el gobierno presentando el proyecto en el Senado cuando contiene materias impositivas. Argumentan que la norma elimina y baja impuestos, pero no crea tributos nuevos y por eso no debe ir necesariamente primero a Diputados. En ocasiones anteriores, cuando los gobiernos peronistas tenían holgada mayoría en el Senado, enviaban allí esos proyectos de fiscalidad ambigua y se aseguraban una sanción rápida. Tampoco hay una instancia de alzada que arbitre qué cámara debe actuar.
El hecho encierra una realidad política sobre la integridad de las bancadas de La Libertad Avanza, constituidas en un festival de transfuguismo poco conocido en las democracias modernas – solo comparable, en la memoria del cronista, con el fenómeno del “marzismo” que nació el 11 de marzo de 1973-. Ese día fue elegido Héctor Cámpora y disparó una corrida de seguidores de ocasión a quienes se los llamaba “marzistas”.
Las actuales bancadas de LLA incluyen radicales, macristas, peronistas y vecinalistas que pertenecían a las filas, en general, de lo que fue Cambiemos. Este origen las debilita: de los 95 diputados que puede contar hoy para ser primera minoría en Diputados, cerca de 60 pueden ser medianamente leales. El resto son aves de paso que esperan a que llegue marzo para decidir cómo van a jugar. La veintena que puede sumar LLA en el Senado tiene alguna integridad más sólida y les puede ir mejor allí que en la cámara baja.
Arriesgan el apoyo electoral
La norma pone en riesgo el apoyo electoral que alcanzó el gobierno del 40% de los votos en las elecciones del 26 de octubre, aunque con un alto porcentaje de abstención (abstenerse es hoy la forma que viste el voto castigo). Es una bomba racimo que afecta a sindicatos y a empresas.
Deroga más de 20 estatutos profesionales, entre ellos algunos legendarios como el del periodista y el de los viajantes, antiguallas que han perdido mucho de su vigencia y se aplican en muy pocos casos. Elimina impuestos internos, sobaja los institutos del derecho laboral colectivo —no los elimina, pero disminuye sus efectos— como la ultraactividad, negociación por actividad, disciplina laboral, regulación de huelgas, etc.
Les quita financiamiento a los sindicatos, pero también a las cámaras empresarias. Ventila, a favor de las patronales, la litigiosidad, reivindica la jurisdicción de la justicia de la CABA frente al fuero laboral nacional, y crea dos fondos que Toto Caputo aprovechará para emitir títulos y colocar deuda: el RINI para subsidiar a PYMES, y el FAL para integrar fondos de despidos. Cuando un gobierno se pelea con todos suele perder.
Se meten hasta con el cine
La publicidad de la última versión del proyecto, a media mañana del jueves, puso en pie de alerta a los sindicatos y corporaciones heridas por la letra. Por ejemplo, los colegios profesionales, ya que la norma elimina compromisos de colegiación y matriculación de profesionales liberales —los abogados y escribanos, por ejemplo—, elimina el impuesto que grava las entradas del cine y que integran los fondos que administra el Instituto del Cine, un sistema que es modelo en el mundo en los países que tienen cine, que no son muchos y la Argentina es uno de ellos.
También elimina el aporte del ENACOM que se alimenta de multas de gabelas que gravan medios de comunicación con el mismo sentido. El mundo del cine ya estaba enojado y con este proyecto lo reflota cuando el gobierno ofrecía una tregua veraniega en las peleas culturales.
Golpear para negociar
En las horas previas al conocimiento de la versión definitiva (fue cerca de las 10 AM del jueves), se activaron todas las alarmas y le dieron un nervio inusual al comienzo del nuevo año legislativo.
El miércoles 10, cuando comenzaban en sus funciones la mitad de los diputados y un tercio de los senadores, se abrieron los despachos. En la sala de reuniones del bloque peronista del Senado, José Mayans recibió a un combinado de diputados y senadores que discutieron con la CGT el lanzamiento de un rechazo frontal de la iniciativa según se la conocía en ese momento.
A la misma hora, en Diputados, Sturzenegger se reunió con los diputados de La Libertad Avanza para instruirlos en los detalles de la guerra que viene. El gobierno quiere esa pelea frontal por los “principios” como una manera de tokenizar el debate. Eligió la letra más dura y confrontativa posible del proyecto para tener productos para negociar.
Tokenizar artículos de un proyecto es crear una moneda de transacción con sectores que han recibido el desaire del gobierno, y que endurecen sus posiciones.
En Diputados esos actores son los gobernadores, que han tomado noticia de que el gobierno quiere hacer la revolución y va a entregar lo que le pidan a cambio de que por lo menos salga alguna ley, cualquier ley que le permita al gobierno decir al mundo que ha derrotado al peronismo y a la Ley de Contrato de Trabajo, y que se inicia una era de paz y prosperidad —consigna que agitaba ya en 1946 la Unión Democrática (el título de un panfleto de Vittorio Codovilla era “Batir al nazi peronismo para abrir una era de libertad y progreso”)-. Vale la mención porque para el gobierno la guerra cultural es una guerra de clases contra el peronismo.
Toto trató de convencer a Macri
Antes de que se conociera el proyecto final, en esa mañana Mauricio Macri ya había parlamentado con su exministro Luis Caputo. El actual ministro de Milei le explicó con detalles los avances que el gobierno cree que tendrá el país si se aprueba esta norma.
Mauricio participó más tarde de un zoom con caciques del PRO para analizar la situación, en el que intervinieron autoridades nacionales del partido y jefes de bloque. Se manifestó a favor del proyecto norma según la explicación de Toto, sobre este proyecto y los de reforma fiscal, compromiso fiscal y presupuesto 2026.
Bajó la línea de que el PRO debe apoyar estas iniciativas, aunque en el diálogo que siguió volvió a admitir sus dudas sobre la capacidad del gobierno de llevar adelante iniciativas con éxito. En la mesa de conducción del PRO hay divisiones irreconciliables. Hay quienes dicen que estos años, hasta el 2027, los debe transitar el partido como aliado de La Libertad Avanza. Otros dicen que en este período tiene que caminar solo y construir una agenda nacional y una candidatura presidencial propia.
Cerca, pero no tanto
Macri respaldó la idea de mantener la independencia y no integrar un interbloque con LLA. Está atento al proyecto de dirigentes del bloque Provincias Unidas y llevarse a todos los diputados radicales, algunos de los cuales se integraron a un interbloque con el PRO.
El jueves ese sector de la UCR lanzó la candidatura a presidir el partido del intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, del stud de Maxi Pullaro. Fue a raíz del rechazo de Gustavo Valdés a asumir esa dignidad partidaria, reservada para quienes han sido elegidos delegados al Comité Nacional (solo ellos pueden elegir y ser elegidos autoridades).
Pullaro logró más de 85 delegados sobre 102 para hacerlo presidente a Chiarella. La nueva cúpula se propuso señalarle a todos los diputados del partido que se sumen a Provincias Unidas y dejen la alianza con el PRO.
Los que siguen a Alfredo Cornejo se resisten con el argumento de que ellos fueron en alianza con La Libertad Avanza y que esos radicales deben hacer oficialismo porque sus electorados votaron en favor de Milei. La nueva cúpula no cederá a ningún bloque del Congreso, por ahora, la marca UCR, que quedará en reserva. Si los radicales que se referencian en Cornejo o Rodrigo De Loredo se fueran de la alianza con el PRO sería una estocada mortal al macrismo, reducido a la mínima expresión.
Gran carancheo gran
Hasta ahora Macri intenta mantenerse alejado de manera formal del gobierno, que le ha carancheado buena parte de los miembros del PRO. Últimamente fue el turno del volátil Luis Juez, que renunció al bloque PRO del Senado, que había presidido antes, para erigirse en un monobloque que jugará en un entendimiento con LLA.
Quiere ser gobernador de Córdoba en 2027 y juega esta última pirueta para colocarse en la grilla después del plaf de Juan Schiaretti, que venía tomando carrera desde hace 20 años para lanzar una candidatura presidencial y todavía no ha llegado a la pelota. Peor aún, perdió las elecciones en su provincia, que creía ganada.
Un castigo a la desmesura que inició ya en 2019 cuando dinamitó la Mesa de Córdoba que integraba con Pichetto, Juan Manuel Urtubey, Sergio Massa y, entrando y saliendo, Roberto Lavagna. Se presentaban, en plena crisis de la administración macrista, como una alternativa de confrontación con el peronismo del AMBA encarnado en cristinismo.
El PRO, como quien se desangra
Schiaretti ganó la reelección el 12 de mayo de ese año. Marginó a sus socios en el festejo, les dijo que no viajasen a Córdoba ni se subieran al palco grande. Seis días más tarde, el 18 de mayo, Cristina de Kirchner anunciaba que Alberto Fernández sería candidato a presidente del PJ con Massa, como socios en un nuevo armado pejotista. Juez, con la decisión de irse del PRO, terminó de abandonar a Macri, que tuvo en esa provincia sus mejores elecciones.
Ese año 2019, perdiendo las elecciones presidenciales, la fórmula Macri-Pichetto le ganó a los Fernández por 32 puntos en Córdoba. Hoy Macri ni tiene allí el partido. El disidente Oscar Agost Carreño, diputado provincial del PRO en Córdoba, ha resistido cuatro intentos de intervención del partido en la justicia, y se ha quedado con la marca PRO.
La disolución formal del partido es alentada en la medida en que Macri da señales de querer retirarse de la política agónica. El miércoles fracasó una asamblea del PRO por falta de quórum; iba a tratar expulsiones a dirigentes del PRO que se han ido al bloque de Unidos —Gisela Scaglia, los diputados de Nacho Torres— y cómo volver a embestir contra Agost Carreño. No hubo número, y el community manager del partido no tuvo mejor ocurrencia que apagar la computadora para matar el zoom.
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