El Poder Ejecutivo formalizó la ampliación del temario de sesiones extraordinarias e incluyó el tratamiento de proyectos vinculados a un nuevo Régimen Penal Juvenil. La decisión fue oficializada a través de un decreto publicado en las primeras horas del día, que extiende los asuntos a tratar por el Congreso durante el período previsto entre el 2 y el 27 de febrero y vuelve a poner en agenda la discusión sobre la edad de imputabilidad de menores en la Cámara de Diputados.
La medida quedó establecida en el decreto 53/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El texto incorpora de manera explícita la consideración de iniciativas legislativas relacionadas con el régimen penal para adolescentes dentro del temario parlamentario de extraordinarias.
El mandatario ya había anticipado públicamente esta definición durante una actividad en Mar del Plata, donde ratificó que el proyecto formaría parte de las sesiones. En ese contexto, sostuvo que su gestión busca avanzar con promesas de campaña, mencionó una reforma tributaria y se refirió a la imputabilidad de menores que cometen delitos.
En Diputados, la Comisión de Legislación Penal, encabezada por Laura Rodríguez Machado, tendrá un rol central en el tratamiento del tema. La legisladora explicó que aún deben conformarse las comisiones de Justicia y de Familia y Minoridad para volver a convocar a un plenario, ya que las de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal ya fueron integradas.
El debate también había sido impulsado días atrás por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, quien volvió a instalar el tema en la discusión pública. En sus declaraciones, vinculó la necesidad de avanzar con la reforma a hechos delictivos recientes que involucraron a menores de edad, entre ellos el crimen de un adolescente en Santa Fe y un caso ocurrido en La Plata en el que murió una niña.
El proyecto que podría retomarse fue enviado por el Ejecutivo en 2024 y ya había obtenido un dictamen de mayoría tras el trabajo conjunto de cuatro comisiones. Esa propuesta planteaba reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, fijar penas máximas de hasta 15 años y aplicar sanciones alternativas —como tareas comunitarias, restricciones para conducir y reparaciones económicas— en condenas menores a 10 años.
