El Gobierno sostiene que reúne los apoyos necesarios para aprobar una nueva normativa sobre financiamiento universitario, aunque no prevé tratarla en las sesiones extraordinarias actuales. El oficialismo asegura que dispone de los votos para lograr la aprobación de la iniciativa. La intención inicial era enviarla esta semana a la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, pero finalmente se decidió postergar su avance legislativo.
Desde la Casa Rosada indicaron que el plan era dictaminar el proyecto en comisión y luego llevarlo al recinto, dentro del decreto que extiende las extraordinarias hasta fin de febrero. Sin embargo, el oficialismo reconoce que los tiempos legislativos no alcanzan y proyecta buscar la media sanción desde marzo. En ese contexto, calculan contar con un piso cercano a los 131 votos con respaldo de aliados y bloques dialoguistas.
Funcionarios del área educativa mantuvieron encuentros con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional. Participaron el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Las reuniones buscaron acercar posiciones sobre salarios, funcionamiento y previsibilidad del presupuesto universitario. El organismo reúne a 56 universidades nacionales y trabaja en una agenda técnica con el Ejecutivo.
La propuesta oficial no elimina la ley vigente —sancionada en 2024, vetada por Javier Milei y luego ratificada por el Congreso de la Nación Argentina— sino que plantea cambios en el mecanismo de actualización de fondos. El Ejecutivo propone reemplazar la indexación automática por aumentos escalonados con revisiones periódicas y contempla una suba del 20% en gastos operativos respecto a 2025. Además, prevé una evaluación a mitad de año para comparar esos incrementos con la inflación medida por el IPC.
