Un revés judicial dejó sin efecto la acusación penal contra la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. La denuncia, que investigaba presuntas anomalías en una licitación pública de 700 millones de pesos destinada al mantenimiento de los espacios verdes de la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, fue desestimada por el fiscal federal Ramiro González tras considerar que hay una “inexistencia de delito” en los hechos señalados.
El dictamen fue elevado ante el juez federal Sebastián Ramos, quien deberá proceder al archivo definitivo de las actuaciones ante la falta de impulso del Ministerio Público Fiscal. Según el criterio de González, los cuestionamientos ingresados a los tribunales resultan “prematuros” debido a que el proceso de contratación “se encuentra aún en una etapa preliminar” y, por ende, no presenta indicios que configuren una conducta con relevancia penal. Así, Karina Milei, quedaría fuera de sospechas.
La acción penal fue promovida por la diputada nacional Marcela Pagano (exmiembro del bloque de La Libertad Avanza), quien denunció los presuntos delitos de fraude contra la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles. Apuntando concretamente contra Karina Milei. El eje de la sospecha de Pagano radicaba en que dos de las firmas oferentes en la licitación N.º 23-0005-LPU26 —”La Mantovana de Servicios Generales SA” y “Grub SA”— forman parte del mismo conglomerado empresarial, “Grupo Buena Vista SA”, lo que a su entender anulaba la libre competencia del trámite por 12 meses.
