Mientras crece la preocupación social por el costo de los alquileres, el Estado nacional también se ve afectado por esta problemática. Según un informe presentado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ante la Cámara de Diputados, más de 50 organismos públicos operan desde inmuebles alquilados, lo que representa un gasto considerable para las arcas estatales.
De acuerdo con los datos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el gasto total destinado al pago de alquileres en lo que va del año asciende a $25.611 millones, lo que equivale a más de 21 millones de dólares al tipo de cambio oficial. El desembolso mensual ronda los $2.583 millones e involucra contratos con empresas o particulares propietarios de oficinas, edificios o terrenos utilizados por dependencias estatales.
Entre los organismos que más dinero destinan a este rubro se destacan la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con un gasto mensual superior a los $478 millones, seguida por ANSES, la Superintendencia de Servicios de Salud y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. También figuran ministerios y secretarías clave, como las de Seguridad, Trabajo y Desarrollo Territorial.
Ante esta situación, el Gobierno puso en marcha un plan para reducir los gastos en concepto de alquileres. La estrategia contempla la reubicación de personal y la optimización del uso de los espacios existentes, con el objetivo de avanzar hacia una administración pública más eficiente y con menor demanda presupuestaria.
