Seis años después de haber sido arrestado en un operativo mediático, la Justicia federal dictó el sobreseimiento definitivo de Gustavo Arce, empresario cordobés y dueño de la reconocida marca Agustino Cuero.
El episodio ocurrió en 2019, cuando Arce fue detenido por orden del fiscal Gustavo Vidal Lascano, n una causa que lo acusaba de evasión fiscal y lavado de activos, junto a otras nueve personas, entre ellas su hijo y su exesposa.
Durante años, Arce y su entorno soportaron persecución judicial, daño moral y un fuerte impacto en su reputación pública. La causa, sin embargo, no avanzó por una razón contundente: no existían pruebas.
El viernes pasado, el juez Alejandro Sánchez Freites, a cargo del Juzgado Federal N°2 de Córdoba, resolvió el sobreseimiento total y definitivo de Arce. “No podemos seguir investigando un hecho que nunca ocurrió”, declaró en el fallo, dando por concluido un proceso judicial que nunca debió haber comenzado.
La resolución también alcanza a las otras personas involucradas en la causa. El juez fue claro: la AFIP cometió errores groseros y no había delito alguno.
Frente a esto, surge una pregunta inevitable:
¿Cómo repara la Justicia el daño causado? Arce estuvo detenido durante 15 días, con un enorme desgaste emocional y social. Hoy, si bien su nombre queda limpio ante la ley, las consecuencias humanas y empresariales son irreparables.
En el programa Ida y Vuelta, el conductor no solo relató el caso con cercanía —dado su vínculo personal con Arce— sino que también trazó un paralelismo con otros episodios en los que la Justicia falló gravemente: el caso Santiago Aguilera, el jury a jueces inactivos o el accionar del fiscal Senestrary.
La reflexión final apunta a un sistema judicial que muchas veces actúa con impunidad para juzgar, pero con total impunidad para errar. Y que deja tras de sí víctimas sin reparación.
