La red vial nacional atraviesa un proceso sostenido de deterioro y casi seis de cada diez kilómetros relevados ya presentan un estado malo o regular. En paralelo, el presupuesto vial cayó a uno de sus niveles más bajos de las últimas décadas, mientras importantes recursos recaudados para infraestructura siguen sin ejecutarse.
La red vial nacional argentina atraviesa un proceso sostenido de deterioro que ya impacta sobre la producción, la logística, la conectividad y la seguridad vial. Según un informe de la Fundación Colsecor, sobre los tramos efectivamente relevados, el 57,5% se encuentra en estado malo o regular.
El dato adquiere mayor relevancia porque el Índice de Estado de Vialidad alcanza apenas al 49% de los 40.643 kilómetros que conforman la red nacional.
El deterioro se produce en paralelo con una fuerte reducción de los recursos. Para 2026, la Dirección Nacional de Vialidad dispone de unos $563.000 millones, un 79% menos que en 2023 y el menor presupuesto de la serie histórica reconstruida desde 1995. Además, los recursos destinados específicamente al mantenimiento son alrededor de un 70% inferiores, en términos reales, a los de 2023.
De 179 obras nuevas aprobadas, apenas 67 cuentan con financiamiento.
Pero el informe señala otro aspecto: no sólo hay menos recursos, sino que una parte de los fondos disponibles tampoco se ejecuta. Al 31 de julio de 2026, Vialidad había ejecutado apenas el 32,6% de su presupuesto vigente y pagado el 29,8%.
Fondos para rutas que no llegan a las rutas
El financiamiento vial cuenta además con recursos específicos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos. Según el informe, entre 2024 y mayo de 2026 el fideicomiso vial recaudó más de $1,5 billones, pero sólo se habría ejecutado alrededor de una cuarta parte, con una subejecución acumulada del 73,8%. Al cierre de mayo, más de $1 billón permanecía colocado en inversiones financieras.
El deterioro ya llegó a los tribunales. Durante 2025 y 2026 se acumularon fallos que ordenaron al Estado nacional reparar distintos corredores. En el caso de la Ruta Nacional 3, entre Azul y Cacharí, la Justicia ordenó presentar un plan de obras y completar reparaciones luego de registrar once siniestros en seis meses y constatar baches, hundimientos y falta de señalización.
Un problema que golpea directamente a la producción
Las consecuencias trascienden la transitabilidad. Más del 90% de las cargas argentinas se moviliza por camión, por lo que el estado de las rutas tiene incidencia directa sobre el traslado de granos, hacienda, insumos y productos hacia los centros de consumo y los puertos.
En distintas regiones ya se advierte el impacto sobre los costos logísticos. En Salta, un relevamiento citado por la Fundación Colsecor estimó que el mal estado de rutas y caminos agrega alrededor de un 30% a los costos de transporte. A nivel nacional, FEPEVINA calcula que el deterioro vial puede representar hasta tres puntos del PBI.
La seguridad también aparece en el centro de la preocupación. Entre junio y julio de 2026, FEPEVINA relevó 22 siniestros graves en rutas nacionales, con 29 personas fallecidas y más de veinte heridas. De los 17 casos en los que pudo determinarse el estado de la calzada, 11 ocurrieron en tramos considerados malos. El escenario plantea en este sentido un interrogante que excede al mantenimiento de una ruta: ¿quién sostiene una infraestructura estratégica para la producción y la conexión territorial cuando los recursos disminuyen, parte de los fondos no se ejecuta y las provincias comienzan a asumir corredores y asignarles fondos que no eran parte
