El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, declaró durante una hora y media ante el juez federal Sebastián Casanello en los tribunales de Comodoro Py, en el marco de la causa que investiga presuntos pedidos de coimas y desvíos de fondos dentro del organismo.
Llegó pocos minutos antes de las 13, horario fijado para la indagatoria, y subió solo hasta el cuarto piso del edificio. A las 13.20 se sumó su abogado, Mauricio D’Alessandro. La audiencia se extendió hasta las 14.30, cuando Spagnuolo se retiró sin responder preguntas de la fiscalía. En diálogo exclusivo con Perfil, D’Alessandro adelantó que su defendido no se presentará como arrepentido en el expediente.
La declaración del exfuncionario coincidió con un fuerte impacto político para el Gobierno: la renuncia de Ornella Calvete, una funcionaria del Ministerio de Economía, quien dejó su cargo tras el hallazgo de u$s 700.000 en su vivienda durante un allanamiento vinculado a la misma causa. Calvete, que también representaba al Poder Ejecutivo en la Comisión del Área Aduanera Especial (CAAE), es hija de Miguel Ángel Calvete, señalado por los investigadores como la “mano derecha” de Spagnuolo dentro de ANDIS. El empresario llegó detenido (por otra causa) a la indagatoria este martes, pero a diferencia de Spagnuolo, no declaró.
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Cómo sigue el caso
Spagnuolo fue citado el viernes pasado por el fiscal Franco Picardi junto a Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete, Daniel María Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari y Federico Maximiliano Santich, entre otros involucrados.
En su requerimiento, Picardi sostuvo que “ANDIS se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, de defraudación al erario nacional, instrumentado mediante el uso del sistema informático SIIPFIS como herramienta de aparente transparencia”.
La causa se abrió tras la difusión de audios en los que supuestamente Spagnuolo mencionaba un circuito de coimas —incluido el ya conocido “3% para Karina”— vinculado a la compra de medicamentos para personas con discapacidad. Esas grabaciones derivaron en su salida del cargo y en la apertura del expediente judicial.
La estrategia de defensa: IA, inconsistencias y refutaciones patrimoniales
Tras la indagatoria, el abogado Mauricio D’Alessandro volvió a hablar con la prensa y profundizó la estrategia de defensa. Sostuvo que una pericia realizada en un país de la Comunidad Económica Europea determinó que los audios atribuidos al exfuncionario fueron editados con inteligencia artificial, y cuestionó que la Justicia argentina nunca los peritara. Según afirmó, la explicación del fiscal fue que las grabaciones “no eran relevantes” para el avance de la causa.
El letrado volvió a insistir en que los audios fueron manipulados con inteligencia artificial. “Hay una pericia realizada que indica que el registro está modificado. Es un deepfake”, explicó ante la prensa que lo esperaba en la explanada. Según afirmó, el software utilizado permite alterar especialmente la voz de Spagnuolo, razón por la cual solicitaron la nulidad del material incorporado al expediente.
También apuntó contra otros elementos del expediente. Respecto de los 82.000 dólares y 2.950 euros secuestrados en una caja de seguridad de Spagnuolo, afirmó que el dinero estaba depositado allí desde abril de 2023, siete meses antes de que asumiera su cargo, y que el secuestro se produjo recién en octubre. Aseguró que el monto podría corresponder a “un ilícito descartado” y acompañó documentación para acreditar que su defendido no ingresó a la caja durante ese período. Confirmó además que Spagnuolo entregó el celular que utilizaba.
Sobre la vivienda de Pilar, uno de los puntos centrales de la acusación, D’Alessandro negó la existencia de una remodelación millonaria y sostuvo que se trató de “un arreglo menor”. La fiscalía, en cambio, investiga si parte del dinero obtenido mediante coimas financió una “refacción sustancial y onerosa” entre septiembre de 2024 y febrero de 2025 en la casa ubicada en el barrio Altos de Campo Grande, edificada sobre un lote de 860 m² y adquirida en 2021. Personal de obra registró ingresos y salidas al barrio en ese período.
Los investigadores también detectaron gastos corrientes muy superiores a los ingresos del exfuncionario. Entre enero y abril de este año, sus resúmenes de tarjeta de crédito nunca bajaron de los $4 millones, y entre agosto de 2023 y junio de 2025 promediaron más de $2 millones mensuales, pese a que su salario como titular de ANDIS rondaba los $3 millones. Además, la obra en la casa de Pilar no redujo su patrimonio, según las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción.
Además, intentó restarle peso a varios elementos que integran el expediente. Señaló que la imputación por los $5 millones presenta “inconsistencias temporales”, dado que el presunto pago figura fechado el 11 de junio mientras que las fotografías usadas como sustento fueron tomadas el 13 de agosto. En relación con la mochila que aparece en esas imágenes, afirmó que no contenía dinero sino “la computadora” de su defendido. También relativizó la filmación en la que se ve a Spagnuolo ingresar a la casa de Miguel Ángel Calvete —detenido esta semana— y sostuvo que “alguien lo citó para generar esa captura y aprovechar su imagen entrando con la mochila”.
D’Alessandro anticipó que pedirá una ampliación de indagatoria cuando llegue la pericia completa desde Alemania y los informes sobre eventuales interceptaciones telefónicas. También señaló que Spagnuolo tenía una relación personal previa con Miguel Ángel Calvete, anterior a su llegada al organismo.
Aunque negó cualquier participación de su cliente en maniobras ilícitas, el abogado reconoció —según su propia explicación— que el sistema de recaudación existía, pero insistió en que Spagnuolo “no formaba parte” de ese circuito. “No teme quedar detenido. Es víctima de un delito”, aseguró.
La investigación por corrupción en ANDIS se convirtió en un frente sensible para el Gobierno por la magnitud de los involucrados y el impacto político del expediente. El caso abarca funcionarios, intermediarios y contratistas vinculados a la compra de medicamentos de alto costo para una población particularmente vulnerable: personas con discapacidad que dependen de pensiones no contributivas.
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