La Justicia de Córdoba detuvo a José Aníbal Ricardo Villarreal, quien figuraba como asesor contratado de la Legislatura provincial, en el marco de una investigación por presunto grooming y abuso sexual agravado contra adolescentes de entre 13 y 14 años.
El operativo estuvo encabezado por la fiscal Analía Cepede y se desarrolló en Villa de María del Río Seco. Villarreal es uno de los nueve detenidos en una causa que comenzó tras la desaparición de una menor, posteriormente localizada en Santiago del Estero junto a otra adolescente.
Según la investigación, los acusados habrían aprovechado situaciones de extrema vulnerabilidad de las víctimas para establecer contacto y someterlas mediante distintos mecanismos. De acuerdo con fuentes judiciales citadas en la información, los pagos entregados a las menores servían “apenas para comer”.
Su vínculo con la Legislatura
Villarreal figuraba en la nómina oficial de mayo de 2026 como personal contratado de la Unicameral y estaba vinculado al legislador departamental de Río Seco, Ernesto Ramón Flores. Según se informó, desempeñaba tareas de asistencia territorial en el norte provincial.
Flores reconoció el vínculo laboral, aunque aclaró que Villarreal pertenecía a la nómina del bloque Hacemos Unidos por Córdoba y no integraba específicamente su equipo técnico. El legislador explicó que “su función era territorial, sobre todo en las zonas grises”.
Tras conocerse la detención, Flores aseguró que solicitó la baja inmediata del contrato el 31 de julio. Además, sostuvo que, cuando Villarreal fue incorporado, había presentado certificados de antecedentes penales que no registraban antecedentes punibles.
La investigación y los otros detenidos
De acuerdo con la pesquisa, la mayoría de los imputados trabajaba como remiseros o transportistas en una localidad de aproximadamente 7.000 habitantes. La Fiscalía investiga si utilizaban esas actividades para facilitar el contacto con las adolescentes y compartir información sobre posibles encuentros.
Por el momento, la causa permanece en el fuero provincial, ya que la investigación descartó una estructura de proxenetismo organizada con fines de lucro. Los nueve sospechosos permanecen alojados en el complejo penitenciario de Cruz del Eje mientras continúa la etapa de instrucción.
Pedido de informes en la Unicameral
La detención generó repercusiones políticas dentro de la Legislatura. El bloque de la Unión Cívica Radical presentó un pedido de informes para conocer las condiciones de contratación de Villarreal y los controles realizados antes de su incorporación.
El legislador Miguel Nicolás solicitó información sobre la modalidad de designación, la categoría y los mecanismos utilizados para verificar los antecedentes de los contratados. El objetivo es determinar si existieron fallas en los controles institucionales.
El caso vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos de contratación de personal legislativo, en un contexto marcado por cuestionamientos anteriores sobre empleados y vínculos laborales dentro de organismos públicos.
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