Córdoba: bajan las denuncias por delitos, pero 9 de cada 10 no se resuelven
El Observatorio de Seguridad y Convivencia del COPEC presentó su informe mensual correspondiente a diciembre de 2024, revelando datos preocupantes sobre la inseguridad en Córdoba. Según el documento, en ese mes se registraron 17.491 denuncias por delitos, con una alarmante resolución de apenas el 10%.
Delitos cada cinco minutos
El informe indica que, en promedio, cada cinco minutos se registra una denuncia por delito en la provincia. Además, el 46% de los casos denunciados correspondieron a delitos contra la propiedad, como robos y hurtos.
Carla Tassile, integrante del Comité Ejecutivo del COPEC, destacó en declaraciones a los medios: “La inseguridad es una de las preocupaciones de nuestra provincia, así como lo es en el país y en América Latina”.
Comparativa anual: ¿realmente bajaron los delitos?
El análisis comparó las cifras de enero y diciembre de 2024. En enero, las denuncias rondaron las 21.000, mientras que en diciembre disminuyeron a 17.491. Tassile aclaró que esta reducción no necesariamente refleja un descenso en los delitos, ya que “no evidenciamos una disminución en la voluntad de denunciar”.
Además, el informe señala la importancia de estudiar la “cifra negra” del delito, que incluye aquellos casos no denunciados, así como la percepción de inseguridad de los ciudadanos.
Colaboración interinstitucional para mejorar la seguridad
Tassile explicó que los datos se elaboran mediante un intercambio con la Policía y el Poder Judicial, lo que permite ajustar las estadísticas conforme se obtiene más información. Este trabajo busca ser una herramienta para mejorar las políticas públicas de seguridad.
“Todos los análisis numéricos que podamos hacer tienen como objetivo contribuir a que se tomen decisiones en materia de políticas de seguridad”, concluyó Tassile.
Aunque las denuncias parecen haber disminuido, la falta de resolución en el 90% de los casos plantea desafíos urgentes para mejorar la seguridad en Córdoba. Este informe evidencia la necesidad de reforzar las políticas de prevención y acción contra el delito para proteger a la ciudadanía.
