La Justicia Federal y el Gobierno nacional dieron a conocer avances clave en la investigación sobre una organización dedicada a estafas y extorsiones digitales, que operaba desde cárceles bonaerenses y tuvo entre sus víctimas al soldado Rodrigo Andrés Gómez, fallecido el 16 de diciembre mientras cumplía funciones de custodia en la Quinta Presidencial de Olivos.
En un primer momento, las autoridades habían informado que el joven granadero, de 21 años, se había quitado la vida durante una guardia nocturna. Con el avance de la investigación, se confirmó no solo esa hipótesis, sino también el trasfondo de amenazas y extorsiones que atravesaba y que resultó determinante para reconstruir el caso.
El engaño a través de una app de citas
Según detallaron fuentes judiciales, la maniobra comenzó a través de una aplicación de citas llamada Evermatch, donde los estafadores crearon un perfil falso bajo el nombre de “Julieta Ayelén Cardozo”. A partir de ese contacto inicial, iniciaron un diálogo destinado a generar confianza con la víctima.
La situación escaló con la intervención de una supuesta “madre indignada” y el envío del llamado “audio del terror”, en el que acusaban al joven de haber mantenido contacto con una menor de edad. El objetivo era instalar miedo y presión psicológica.
Amenazas y exigencias de dinero
El paso siguiente fue un llamado telefónico de una persona que se hacía pasar por policía de la Ciudad de Buenos Aires. Para reforzar la intimidación, la banda utilizó la identidad real de un efectivo, que no tenía vínculo con el caso, y le aseguró a Gómez que existía una causa judicial en su contra.
Las exigencias económicas se concretaban mediante transferencias bancarias a cuentas vinculadas a mujeres relacionadas con la organización. Luego, el dinero era fragmentado y redistribuido para dificultar su rastreo, mientras las amenazas continuaban y los montos reclamados aumentaban.
La carta y el avance de la causa
La investigación se profundizó tras la aparición de una carta que el soldado dejó antes de morir, documento considerado clave para reconstruir lo ocurrido. En el texto, expresó su angustia por las supuestas causas legales, las deudas acumuladas y la presión constante que sentía.
A partir de ese material y otras pruebas, la causa derivó en una serie de allanamientos y operativos que culminaron con la detención de al menos siete personas, tanto en domicilios particulares como en establecimientos penitenciarios bonaerenses.
El caso volvió a poner en foco el alcance de las extorsiones digitales y el impacto que este tipo de delitos puede tener en las víctimas, incluso en ámbitos de máxima sensibilidad institucional.
