La ciudad de Sunchales se encuentra conmocionada por el hallazgo de una trama de engaños que parece sacada de una ficción. Juan Andrés Zurvera, un hombre de 30 años que apenas había logrado completar un tercio de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), logró sostener durante más de tres años la fachada de un exitoso profesional del derecho. Con una estructura montada para simular legalidad, el sospechoso engañó a decenas de personas, muchas de ellas de su círculo íntimo, prometiendo soluciones judiciales que nunca existieron y cobrando sumas exorbitantes por trámites fantasma.
La investigación judicial, liderada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), reveló la complejidad del fraude. Zurvera no solo se presentaba como abogado sin tener el título, sino que utilizaba firmas apócrifas de jueces y camaristas, además de documentos con sellos digitales falsificados para “demostrar” el avance de causas inexistentes. Bajo esta modalidad, solicitaba constantes adelantos de honorarios y gastos administrativos, logrando recaudar solo entre enero y noviembre de 2025 la suma de 18 millones de pesos, elevando el total de la estafa estimada a los 54 millones.
Llanto en la audiencia y prisión preventiva sin plazos
El fiscal Guillermo Loyola, perteneciente a los tribunales de Rafaela, imputó al falso profesional por al menos diez hechos de estafa, falsificación de documentos y usurpación de título. Durante la audiencia imputativa, se vivió un momento de tensión cuando Zurvera, incapaz de sostener el relato, se quebró en llanto ante el magistrado. El acusado intentó justificar su accionar apelando a una serie de frustraciones personales y presiones familiares que lo habrían llevado a iniciar la farsa, un descargo que fue rápidamente desestimado por la fiscalía dada la sistematicidad del delito.
El alcance del daño patrimonial y moral es significativo. El “boca en boca” en la tranquila localidad de Sunchales permitió que el imputado captara clientes con conflictos legales urgentes, quienes confiaron sus ahorros y esperanzas en manos de alguien que solo había aprobado 13 materias. Las denuncias continúan llegando al despacho judicial, provenientes en su mayoría de víctimas radicadas en el sector este de la ciudad, donde Zurvera operaba su supuesto estudio jurídico.
La contundencia del fallo judicial y el futuro de la causa
Ante la contundencia de las pruebas presentadas, el juez Javier Bottero no dudó en calificar el engaño como “idóneo”, señalando que la puesta en escena fue suficiente para inducir al error a las víctimas y obtener beneficios económicos ilegítimos. Por este motivo, el magistrado hizo lugar al pedido del fiscal y dictó la prisión preventiva sin plazo para el joven de 30 años, considerando el riesgo de entorpecimiento de la causa dada la cantidad de documentación falsificada que aún está bajo análisis.
Este caso reabre el debate sobre la importancia de verificar la matrícula profesional ante los colegios departamentales antes de contratar servicios jurídicos. Mientras Zurvera permanece tras las rejas, los damnificados intentan asimilar cómo un conocido del barrio pudo orquestar un plan tan cínico. El proceso judicial seguirá su curso con nuevas pericias sobre los dispositivos electrónicos secuestrados, buscando determinar si existieron cómplices que facilitaron la creación de los sellos y las firmas digitales truchas.
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