En Argentina, la cuota alimentaria es un derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes. No solo cubre alimentación, sino también vivienda, educación, salud, vestimenta y actividades recreativas, y corresponde aunque los padres estén separados o divorciados.
El progenitor no conviviente debe aportar según su capacidad económica y el nivel de vida previo a la separación. En la práctica, la cuota se calcula como un porcentaje del ingreso neto, generalmente entre 20% y 30% por cada hijo, aunque no hay un tope máximo. Los jueces analizan necesidades del menor, ingresos del obligado, situación del progenitor conviviente, nivel de vida anterior, cantidad de hijos y régimen de visitas.
Edad de pago:
- Hasta los 21 años.
- Hasta los 25 si continúa estudiando y no tiene ingresos.
- Sin límite si hay discapacidad que impida la autosuficiencia.
Qué pasa si no se paga:
El incumplimiento activa medidas legales como:
- Embargo de sueldos, cuentas o bienes.
- Retención automática de haberes.
- Prohibición de salida del país.
- Suspensión de licencia de conducir.
- Inclusión en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
- Bloqueo de redes sociales o servicios digitales.
- Arresto domiciliario en casos graves.
Pasos para reclamar la cuota:
- Verificar sentencia o acuerdo homologado.
- Asesoramiento legal o Centros de Acceso a la Justicia (CAJ).
- Mediación prejudicial obligatoria en algunos casos.
- Demanda judicial si falla la mediación.
- Proceso ejecutivo para ejecutar la sentencia.
- Medidas coercitivas según la gravedad del incumplimiento.
Medidas judiciales recientes:
- Suspensión del pasaporte hasta cancelar la deuda.
- Bloqueo de redes sociales para incentivar ingresos.
- Prohibición de usar celular o conducir.
- Arresto domiciliario renovable por incumplimientos prolongados.
El incumplimiento también se considera una forma de violencia económica, ya que la carga recae principalmente sobre la madre conviviente. Por ello, los tribunales incorporan la perspectiva de género y normas internacionales para garantizar el bienestar de los menores.
Incluso si el progenitor no tiene trabajo registrado, la obligación sigue vigente. Se puede fijar la cuota sobre el Salario Mínimo, recibir pagos en especie o, en casos extremos, responsabilizar a los abuelos con capacidad económica.
