El escándalo en la Legislatura de Córdoba por una causa de grooming y abuso infantil puso en tensión al oficialismo. Según la información publicada por La Voz, algunos legisladores justicialistas alentaron inicialmente la renuncia de Ernesto Ramón Flores.
El legislador departamental de Río Seco había solicitado su licencia al cargo la semana pasada. La decisión se dio tras la detención de J.V., un hombre de su estrecha confianza al que había empleado como contratado.
Este colaborador se encuentra actualmente investigado por graves abusos contra tres adolescentes y grooming. Ante esta situación, los legisladores de Hacemos Unidos por Córdoba se convocaron para definir una postura conjunta.
En la reunión de bloque se acordó que finalmente se acompañará el pedido de licencia del parlamentario. La solicitud deberá ser aprobada o rechazada en el recinto, en lo que promete ser una sesión muy tensa.
La postura de la oposición y los antecedentes
De cara al debate, el arco opositor planteará distintas alternativas para exigir medidas mucho más drásticas. Desde el bloque de la UCR impulsarán el apartamiento de Flores, mientras que Encuentro Vecinal promoverá su suspensión.
Entre los legisladores oficialistas que defendieron a Flores recordaron el caso de Eduardo Serrano, ocurrido en 2023. El exlegislador había sido suspendido por el cuerpo tras una denuncia de violencia de género, pero sin condena firme.
En aquel momento, la UCR no acompañó la suspensión argumentando la falta de una resolución judicial. Hoy Serrano figura como contratado de la Legislatura y se desempeña como asistente, ya que la causa no prosperó.
Este antecedente generó posiciones divididas dentro del PJ, aunque finalmente actuarán en bloque. Argumentan que Flores no está imputado en la causa y sólo se le cuestiona el ingreso de estos contratados.
Más asesores de Flores apartados y los controles
Además de J.V., la Unicameral confirmó que A.R., otro asistente vinculado al legislador, fue apartado a mediados de agosto. La drástica medida institucional se tomó después de que se conociera una condena previa por usurpación de tierras.
En las últimas horas también trascendió el alejamiento de J.V., un tercer colaborador que figuraba en el bloque oficialista. El exjefe comunal estaría imputado desde 2023 por explotación infantil y abuso deshonesto.
A estos casos se suma la desvinculación de un cuarto contratado, M.G., ocurrida antes de que estallara el escándalo. Ante la crisis, la vicegobernadora Myrian Prunotto defendió los estrictos controles que realiza actualmente la Unicameral.
La funcionaria aseguró que todos los trabajadores deben presentar certificados de antecedentes antes de ingresar. Por último, aclaró que bajo la ley 9.880 estas personas no son “asesores”, sino personal contratado de asistencia legislativa.
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