Crean un programa de aplicación de Inteligencia Artificial en la Justicia de Tucumán

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán, presidida por Daniel Leiva, aprobó un plan de implementación de inteligencia artificial en el Poder Judicial (PJ). La iniciativa, plasmada en la Acordada 310/25, establece principios rectores para garantizar la soberanía tecnológica, la protección de datos sensibles y el uso responsable de estas herramientas en la administración de justicia.

Según el informe oficial, con esto se da un paso significativo hacia la modernización de su servicio con la aprobación del “Programa de aplicación de Inteligencia Artificial para la Innovación de Servicios de Justicia”. Se trata de un proyecto que, bajo la conducción del presidente de la Corte, Daniel Leiva y refrendada por los vocales Antonio Estofán, Claudia Sbdar, Daniel Posse y Eleonora Rodríguez Campos, busca incorporar herramientas tecnológicas que permitan optimizar la gestión de causas, mejorar la eficiencia administrativa y, sobre todo, garantizar un acceso más ágil y transparente a la justicia para la ciudadanía.

“La Corte definió principios rectores que deben guiar el desarrollo y la aplicación de la inteligencia artificial en el Poder Judicial, priorizando siempre la autonomía tecnológica y el respeto a los derechos fundamentales”, dice el documento.

Uno de los ejes centrales del programa es el Principio de Soberanía Informática. La Corte estableció que el Poder Judicial de Tucumán privilegiará el desarrollo de soluciones propias, garantizando así independencia respecto de proveedores externos y soberanía en el manejo de datos. Esto implica que la información judicial será almacenada y procesada en infraestructuras digitales propias, lo que reduce riesgos de vulneraciones y asegura un control integral sobre los sistemas.

Otro aspecto clave es la protección de datos sensibles. La Corte dispuso la prohibición expresa de utilizar inteligencia artificial en causas que contengan información reservada o no anonimizada. Solo se permitirá su aplicación en la medida en que los datos estén integrados a la Plataforma Digital Alberdi, un entorno institucional que ya opera bajo estrictos parámetros de seguridad y confidencialidad. De este modo, se pretende dar tranquilidad a la sociedad sobre la inviolabilidad de la información judicial.

El programa también regula el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa, cada vez más extendidas en distintos ámbitos. Los vocales enfatizaron que los funcionarios, agentes y magistrados siguen siendo los únicos responsables de las decisiones jurisdiccionales. “La IA podrá asistir en la producción de borradores, análisis o búsquedas, pero no reemplazará el juicio humano”, dijeron. La decisión judicial, según el texto aprobado, “continúa siendo indelegable y amparada en la ética constitucional”. Además, se prevé un marco experimental para la eventual incorporación de tecnologías desarrolladas por terceros. En esta etapa, las pruebas estarán acotadas a información pública o debidamente anonimizada, bajo estricta supervisión de la Corte Suprema de Justicia. Con ello, se busca evaluar la utilidad de distintas herramientas sin exponer datos sensibles y asegurando que la transparencia y la eficiencia se mantengan como parámetros inalterables.

También se incorporó un principio fundamental: la construcción responsable de la inteligencia artificial. “Este lineamiento exige que cualquier herramienta aplicada respete valores como la equidad, evitando sesgos; la explicabilidad, para que los usuarios comprendan los resultados obtenidos; la transparencia sobre el funcionamiento de los sistemas; y la seguridad, para impedir automatismos que vulneren derechos. En este sentido, se reafirma que la IA debe ser concebida como una herramienta auxiliar, nunca como un sustituto de la función judicial”, advirtieron.

Con este plan, se destacó, el Poder Judicial de Tucumán se convierte en uno de los primeros del país en establecer un marco normativo detallado para el uso de inteligencia artificial. La decisión, afirmaron, representa un equilibrio entre innovación tecnológica y responsabilidad institucional, abriendo un camino que podría servir de modelo para otras jurisdicciones.