Organizaciones, profesionales y prestadores del sector de discapacidad de la provincia de Córdoba manifestaron su rechazo y profunda preocupación ante el dictamen del Presupuesto Nacional 2026, que propone la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad (N.º 27.793). Advirtieron que la medida implicaría un fuerte retroceso en derechos, agravaría la crisis del sector y afectaría de manera directa a personas con discapacidad y sus familias.
El proyecto impulsado por el Gobierno nacional incorpora, a último momento, artículos que derogan tanto la Ley de Financiamiento Universitario como la de Emergencia en Discapacidad. Desde el sector remarcaron que se trata de una norma que fue votada en cuatro oportunidades por el Congreso y cuya vigencia fue ratificada recientemente por la Justicia.
“Una estrategia ilegítima”
A través de un comunicado conjunto, la Cámara de Prestadores de Discapacidad (Capredis), la Asamblea de Mesa de la Discapacidad y Derechos Humanos, la Asamblea de los Trabajadores de la Inclusión y la Federación Converger cuestionaron la iniciativa oficial. Señalaron que, hace apenas una semana, la Justicia determinó que la ley estaba plenamente vigente y ordenó su implementación inmediata, sin exigir al Congreso que indicara el origen de los fondos.
“El Poder Ejecutivo vuelve con una estrategia ilegítima, incorporando artículos en el Presupuesto para derogar leyes que ya fueron votadas y ratificadas”, expresaron.
Atraso arancelario y cierre de servicios
Virginia Els, presidenta de Capredis, explicó que el proyecto prevé actualizaciones trimestrales para los prestadores según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), pero consideró que la medida es insuficiente. Detalló que los pagos se perciben con hasta tres meses de demora y que, con el nuevo esquema, ese plazo podría extenderse aún más.
Actualmente, los valores de las prestaciones presentan un desfasaje cercano al 70% respecto de la inflación, mientras que los incrementos otorgados rondaron apenas el 30%. “Estamos al borde del cierre”, advirtió Els, y señaló además una creciente fuga de profesionales hacia otros ámbitos por la falta de condiciones económicas.
Impacto en pensiones y talleres protegidos
Las organizaciones alertaron que la derogación de la ley dejaría sin efecto medidas vinculadas a talleres protegidos y a las pensiones por discapacidad. En particular, advirtieron que solo podrían acceder a una pensión quienes acrediten un 70% de discapacidad, lo que contradice el enfoque social y de derechos humanos que contempla la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
“El paradigma no puede reducirse a un porcentaje físico. La discapacidad tiene que ver con la vida integral de la persona, su entorno y su participación social”, remarcó Els.
Según indicaron, la eliminación del marco de emergencia implicaría:
- El desconocimiento del atraso arancelario acumulado durante la actual gestión.
- La reducción de ingresos en talleres protegidos, con impacto directo en la calidad de vida de quienes trabajan allí.
- Un recorte en el sistema de pensiones, afectando especialmente a personas en situación de pobreza.
Llamado a los diputados
Desde el sector hicieron un llamado explícito a los diputados nacionales, en especial a los cordobeses, para que no den cuórum ni aprueben el Presupuesto con los artículos que recortan derechos de manera indirecta. También pidieron que se eliminen los artículos 75, 76 y 77 vinculados a la modificación de pensiones y que se cumpla la ley vigente.
“Ya fue votada cuatro veces. Pedimos coherencia a quienes acompañaron esta norma”, señalaron, y adelantaron que seguirán de cerca el debate en Diputados y su posterior tratamiento en el Senado.
Finalmente, remarcaron que la Ley de Emergencia en Discapacidad no implica un gasto significativo para el Estado, ya que la mayoría de las prestaciones son cubiertas por obras sociales y prepagas, y solicitaron a los gobiernos provinciales que visibilicen el impacto social que tendría la derogación en todo el país.
Seguí leyendo:
