La medida fue establecida mediante el decreto 219/2026, publicado en el Boletín Oficial, y alcanza a 12 jurisdicciones. Córdoba, sin embargo, no fue incluida en el listado debido a que mantiene sus cuentas equilibradas.
Según el texto oficial, la decisión responde a que varios gobiernos provinciales manifestaron estar impedidos de atender compromisos urgentes derivados de la ejecución de sus presupuestos y la amortización de deudas. En ese marco, el Poder Ejecutivo consideró necesario brindar soluciones inmediatas a las dificultades financieras de corto plazo.
Las provincias beneficiadas son Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Córdoba quedó fuera del reparto, lo que marca una diferencia respecto a otras jurisdicciones con mayores necesidades de asistencia.
El decreto establece que los anticipos serán otorgados durante el ejercicio fiscal 2026 y que los montos asignados a cada provincia serán definidos por la Secretaría de Hacienda, en función de la capacidad de repago y su participación en la recaudación de tributos nacionales. Los fondos deberán ser reintegrados dentro del mismo ejercicio, con intereses calculados sobre una tasa fija nominal anual del 15%.
Para garantizar el repago, el Ejecutivo habilitó un mecanismo automático de retención de fondos coparticipables, que las provincias deberán autorizar como garantía del financiamiento. De esta manera, la Nación busca atender problemas financieros transitorios sin comprometer la estabilidad de las cuentas públicas.
