La Justicia Federal de Córdoba resolvió procesar al Dr. Pérez Alzaa, a Paula Liendo y al abogado Nicolás Gigena por el presunto delito de trata de personas en el marco de la investigación por gestación por sustitución o subrogación de vientres que involucra a profesionales vinculados al centro de fertilización Fecundart. En el caso de Gigena, además, se le atribuye el delito de falsedad ideológica.
Una causa que impacta a todo el país
El expediente se transformó en uno de los procesos judiciales más sensibles y complejos de Argentina porque podría convertirse en un precedente clave para definir si determinadas prácticas de gestación por sustitución pueden encuadrarse dentro del delito de trata de personas.
La investigación analiza presuntas captaciones de mujeres en situación de vulnerabilidad económica para concretar embarazos mediante subrogación para terceros. La fiscalía sostiene que el eje central no es la técnica médica en sí, sino la posible existencia de explotación, desigualdad estructural y aprovechamiento económico.
Según la resolución judicial, los procesados están vinculados al funcionamiento del centro de fertilización Fecundart. En paralelo, la Lic. Expósito y el Dr. César Sánchez Sarmiento fueron sobreseídos por decisión del Juez Federal Alejandro Sanchez Freytes, del Juzgado Federal N 2
El fiscal sostuvo que “no surgen elementos suficientes para sostener que hubieran participado de los hechos investigados. Ni siquiera elementos que sean de probabilidad de duda”, descartando por el momento responsabilidades penales sobre ambos profesionales.
Cómo comenzó la investigación
La causa tomó fuerte dimensión pública en julio de 2024, cuando la Justicia avanzó con imputaciones contra médicos, abogados y profesionales ligados a clínicas de fertilización asistida de Córdoba.
La investigación fue impulsada por el fiscal federal Enrique Senestrari junto a PROTEX, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, tras una denuncia recibida a través de la línea 145. Según la hipótesis judicial, existiría una estructura destinada a captar mujeres vulnerables para concretar embarazos mediante subrogación.
Durante las indagatorias, la Justicia puso bajo análisis el funcionamiento de clínicas privadas y la manera en la que se contactaba a mujeres gestantes. Los investigadores también evaluaron presuntas contrataciones directas de mujeres en contextos de fragilidad económica.
La fiscalía sostiene que habría al menos 14 víctimas identificadas y que la operatoria podría haber involucrado intermediarios, estudios jurídicos y asesoramientos específicos para concretar acuerdos de subrogación dentro de un vacío legal aún no resuelto en Argentina.
Testimonios y tensión política
Uno de los momentos de mayor repercusión pública ocurrió cuando parejas que recurrieron a estos procedimientos comenzaron a declarar públicamente y ante la Justicia Federal.
En entrevistas difundidas por Canal C y la periodista Alejandra García Krizanec, una pareja homoparental aseguró haber sido asesorada por la abogada Julia Reartes, actual titular de SENAF. Uno de los entrevistados afirmó: “Julia Reartes fue una gran hacedora de esta desgracia”.
Hasta el momento, la funcionaria no se encuentra imputada ni forma parte formal de la investigación judicial.
La causa volvió a instalar el debate sobre la ausencia de una ley nacional que regule la gestación por sustitución en Argentina. Actualmente la práctica se mueve en una zona gris jurídica, con fallos y criterios judiciales dispares según cada caso.
Para la fiscalía, el problema aparece cuando la necesidad económica de las mujeres gestantes puede derivar en situaciones de explotación o mercantilización del cuerpo. Al mismo tiempo, el expediente también expone la situación de parejas y personas que recurrieron a estos tratamientos buscando formar una familia ante la falta de regulación clara.
Durante 2025, la investigación sumó nuevos capítulos, entre ellos el caso de un bebé nacido prematuro cuya madre comitente —una ciudadana francesa— habría rechazado tras complicaciones médicas.
Ese episodio abrió nuevas líneas vinculadas a presunta trata y turismo reproductivo internacional. La Justicia también analiza el rol de agencias, intermediarios y estudios jurídicos que ofrecían programas de subrogación para extranjeros con montos que, según la investigación, podían alcanzar decenas de miles de dólares.
Una etapa decisiva
Con los recientes procesamientos, la causa ingresa ahora en una etapa decisiva y podría marcar un antes y un después en la discusión judicial argentina sobre los límites legales y penales de la gestación por sustitución.
El expediente ya es observado de cerca por sectores judiciales, políticos y organizaciones vinculadas a derechos humanos, fertilidad y trata de personas, debido al posible impacto que podría generar en futuras regulaciones y fallos del país.
Seguí leyendo:
