El Gobierno de Córdoba envió a la Legislatura un proyecto de ley que propone crear un Régimen Provincial de Protección de Víctimas de Delitos, con el objetivo de ordenar y fortalecer las herramientas de asistencia para quienes atraviesan un proceso penal.
La iniciativa, impulsada por el gobernador Martín Llaryora, establece estándares mínimos de trato, información, participación, asistencia, protección y reparación para las víctimas. Además, incorpora modificaciones al Código Procesal Penal para que esos derechos puedan aplicarse de manera efectiva.
Según el texto oficial, si bien el sistema penal ya contempla instancias de intervención para las víctimas, en la práctica persisten dificultades como demoras, barreras de acceso a la información y situaciones de revictimización. Por eso, el proyecto busca fijar un piso de protección común en toda la provincia.
Los derechos que establece el proyecto
El régimen plantea una serie de derechos que deberán garantizarse desde el primer contacto de la víctima con el sistema de justicia. Entre ellos se incluyen el trato digno y la protección de la privacidad, así como el acceso a información clara sobre el proceso penal.
También contempla la posibilidad de contar con patrocinio jurídico especializado, incluso gratuito cuando sea necesario, y la participación de la víctima en distintas instancias del proceso judicial.
El proyecto prevé además asistencia médica, psicológica, social y jurídica gratuita, medidas de protección urgentes frente a situaciones de riesgo o intimidación y mecanismos para la reparación integral del daño, ya sea por vía penal o civil.
Cambios en el Código Procesal Penal
La propuesta incluye reformas puntuales al Código Procesal Penal de Córdoba para asegurar que los derechos reconocidos no queden solo en declaraciones formales.
Entre los cambios se destaca la habilitación para que las víctimas de delitos cometidos por menores inimputables puedan constituirse como querellantes. También se refuerza la obligación de informarles decisiones judiciales que puedan afectar su seguridad o sus derechos.
El texto plantea además medidas para prevenir la revictimización, reducir exposiciones innecesarias y establecer modalidades especiales de declaración en delitos graves, como violencia de género, delitos sexuales o violencia familiar.
Observatorio y financiamiento
El proyecto también prevé la creación del Observatorio de Víctimas de Delitos en el ámbito de la Legislatura provincial. Este organismo estará integrado por representantes del Estado, organizaciones civiles y familiares de víctimas.
Su función será elaborar diagnósticos, recomendaciones y buenas prácticas para mejorar las políticas públicas vinculadas a la asistencia y protección de víctimas.
Además, la iniciativa establece que el Poder Ejecutivo deberá garantizar los recursos presupuestarios necesarios para implementar el régimen.
Por qué se llamará “Ley Joaquín”
El texto propone que la norma lleve el nombre “Ley Joaquín”, en referencia al caso de Joaquín Sperani, como un acto de memoria institucional.
Según el proyecto, la denominación busca recordar que detrás de cada expediente judicial hay historias de vida y familias que esperan una respuesta efectiva del Estado frente a los delitos.
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