El pasado domingo 26 de octubre, Brenda Gázquez, de 28 años, se quitó la vida tras siete años de padecimiento, marcados por amenazas, persecuciones y un documentado maltrato institucional. La hermana de la víctima, Jésica Gázquez, resumió el trágico desenlace a La Voz: “Mi hermana ya no podía más. La Justicia tardó demasiado”.
El historial de denuncias de Brenda previo al desenlace fatal
La primera presentación de Brenda se efectuó en 2018, cuando denunció una violación grupal en una casa del suroeste cordobés. Tras ese episodio, la familia sufrió el incendio de su hogar y las intimidaciones se hicieron habituales. En julio de 2019, la muchacha documentó un segundo suceso de abuso, un tocamiento del principal señalado, Cristian Marini. Jésica enfatizó la gravedad de la primera agresión, la cual, según su relato, implicó que la joven fuera atada, drogada, abusada y secuestrada.
Los principales responsables señalados por los hechos son Marini y su primo Franco Vergara. Ambos individuos están procesados y estuvieron detenidos preventivamente durante ocho meses. Actualmente gozan de libertad mientras esperan la resolución de dos juicios. Una de las causas por abuso sexual se encuentra en el Juzgado de Control N° 3, a cargo de Pablo Caferatta, luego de oposición de la defensa de los imputados a la elevación a debate. La otra causa, por coacción, amenazas y hostigamiento, está elevada a juicio ante la Cámara Sexta. Este hecho ocurrió justo cuando a Marini le iban a quitar la tobillera dual, según indicó Jésica. Vergara ya no poseía ese dispositivo desde hacía tres meses.
El calvario de la joven era constante, manifestándose en redes sociales, en la vía pública y en el vecindario. La víctima no podía salir sola, padecía insomnio y despertaba gritando que veía a sus atacantes. Entre 2018 y 2022, la familia realizó al menos 10 exposiciones judiciales por distintos delitos. Los cargos incluyeron lesiones, coacción y desobediencia a la autoridad cuando violaban la restricción de acercamiento. A pesar de contar con un botón antipánico y una restricción de acercamiento, los imputados continuaron circulando por el barrio. Entre 2018 y 2022, la Fiscalía General intervino para integrar todas las denuncias.
Desde el inicio de las acciones judiciales, la cotidianidad de Brenda se transformó completamente. Pasó de ser una chica sociable y alegre a vivir encerrada, con terror a transitar sola. La joven sufrió ataques de pánico reiterados y revivía las agresiones sexuales mientras dormía. Tuvo varios intentos de quitarse la vida, todos posteriores a la violación de 2018. En sus cartas, la joven hablaba del dolor físico, emocional y su sensación de desamparo, aunque también manifestaba su deseo de obtener justicia. En la ciudad de Córdoba existen antecedentes legales de condenas por homicidio bajo el artículo 124 del Código Penal. como ocurrió con Sathya Insaurralde y Luana Ludueña. Este es el fundamento legal que la familia Gázquez espera aplicar contra quienes hostigaron a la joven.
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