El Gobierno de Córdoba decidió exigir un certificado de antecedentes a los denominados “promotores sociales”, en medio de los recientes cuestionamientos y escándalos que involucraron a trabajadores vinculados a la Legislatura provincial.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 3548/2026 del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, publicada en el Boletín Oficial de la provincia.
Los promotores sociales deberán presentar la documentación requerida dentro de los próximos 30 días hábiles. Además, se establece que quienes ocupen estos puestos no deberán figurar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos ni contar con condenas por delitos sexuales.
La disposición incorpora así nuevos controles para el desempeño de tareas de promoción y acompañamiento social en la provincia.
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