El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció un refuerzo económico extraordinario de $450 millones para instituciones que trabajan con personas con discapacidad, en medio de una crisis financiera que afecta al sector.
La medida fue definida tras una reunión con representantes de entidades de la capital y el interior, quienes advirtieron sobre deudas acumuladas y riesgo de interrupción de servicios esenciales.
Fondos para sostener el funcionamiento
El aporte será canalizado a través del Fondo de Emergencia para la Discapacidad, que será utilizado para cubrir gastos corrientes y garantizar la continuidad de las prestaciones.
Según se informó, parte de los recursos también se destinarán a reforzar la alimentación en instituciones con servicios de doble jornada, en un contexto de fuerte deterioro financiero.
Falta de pagos nacionales y advertencias
Llaryora atribuyó la situación al incumplimiento de envíos de fondos nacionales, especialmente vinculados a prestaciones de PAMI y del programa Incluir Salud.
El mandatario advirtió que el esfuerzo provincial podría no ser suficiente: “Si no se normalizan estos fondos, el esfuerzo provincial no alcanzará para sostener todos los servicios”.
Impacto en las instituciones dedicadas a discapacidad
La crisis afecta a entidades como el Cottolengo Don Orione, la Fundación IRAM y la Asociación Apadim, que asisten a más de 100 personas cada una y dejaron de percibir aportes nacionales.
Desde estos espacios señalaron que la situación impacta en el pago de profesionales, el transporte y la provisión de insumos básicos, comprometiendo la continuidad de las prestaciones.
Un escenario crítico para el sector
Desde las organizaciones valoraron el refuerzo, aunque remarcaron que se trata de una solución transitoria. “Este anuncio marca la diferencia entre poder seguir funcionando o tener que cerrar”, expresó Nicolás Herrera, de la Fundación Avenir.
En la misma línea, la secretaria de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, advirtió sobre un “desfinanciamiento estructural” que afecta al sistema.
Mientras tanto, desde la Provincia insistieron en la necesidad de que se cumpla la Ley de Emergencia de la Discapacidad y se restablezcan los fondos nacionales, al considerar que el esquema actual es insostenible en el tiempo.
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