Córdoba creó por ley la Procuración Penitenciaria Provincial

La Legislatura de Córdoba sancionó este jueves, en la 22ª sesión ordinaria del 147° período legislativo, la ley que estableció la Procuración Penitenciaria Provincial. La iniciativa, impulsada por la legisladora Nadia Fernández, llegó al recinto con dos dictámenes provenientes de las comisiones de Seguridad, Legislación General y Asuntos Constitucionales. En la votación se impuso el despacho de mayoría.

Córdoba creó por ley la Procuración Penitenciaria Provincial • Canal C
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El nuevo organismo fue diseñado para controlar el funcionamiento de cárceles, alcaidías y cualquier espacio donde se cumplan medidas restrictivas de la libertad. Tendrá autonomía funcional y dependerá del Poder Judicial, sin interferir en las competencias del Ministerio Público Fiscal ni en otros mecanismos de control. La intención oficial fue avanzar hacia estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

La ley fijó que la Procuración tendrá a su cargo la inspección y supervisión de todos los lugares de detención, la elaboración de recomendaciones formales a organismos estatales y la posibilidad de solicitar medidas urgentes ante vulneraciones de derechos. También podrá promover acciones constitucionales o procesales para proteger a las personas privadas de libertad.

Durante el debate, Fernández detalló los cambios introducidos en los artículos 3 y 5, y la eliminación de los artículos 26 y 27. Con estas modificaciones, el organismo quedó conformado por una Procuración Penitenciaria General, hasta cuatro Procuraciones Adjuntas —con cantidad definida por el Ejecutivo según necesidad operativa— y dos Secretarías Técnicas. El Procurador General tendrá un mandato de cinco años y podrá ser designado nuevamente, mientras que los cargos adjuntos y técnicos gozarán de inamovilidad y podrán ser removidos con los mismos criterios que los jueces.

En la misma sesión, la Legislatura aprobó la licencia del legislador Juan José Blangino, reemplazado por Gabriela Ruth Mansilla hasta el 10 de enero de 2026. También entró en vigencia la licencia del legislador Rodrigo Agrelo, cuya banca será ocupada temporalmente por Gerardo José Grosso hasta junio del próximo año.

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fuente: CANALC

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