La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó este viernes el embargo de 424 mil dólares sobre los bienes de los hijos y del exlegislador Oscar González (77), imputado por presunto crecimiento patrimonial no justificado y maniobras de lavado de dinero, tras haber convalidado días atrás su permanencia con prisión domiciliaria.
La causa por enriquecimiento ilícito y lavado de activos no está relacionada judicialmente con el choque que protagonizó el 29 de octubre de 2022 en el Camino de las Altas Cumbres.
Ese fatal hecho –en el que murió la docente Alejandra Bengoa y dos adolescentes terminaron con graves heridas y secuelas que permanecen hasta este lunes– marcó el principio de este presente aciago para quien fuera caudillo indiscutido del PJ en Traslasierra durante más de 20 años.
Tras analizar diversos elementos probatorios de la causa por supuesto enriquecimiento y lavado, el fiscal federal N° 3, Maximiliano Hairabedian, pidió la detención de González, la que materializó en febrero en la modalidad de prisión domiciliaria (tiene 77 años) y con tobillera electrónica.
La acusación de Hairabedian tiene origen en una denuncia que llevó adelante en 2024 la legisladora Luciana Echevarría. La dirigente de izquierda cuestionó en la Justicia federal movimientos y traspasos de bienes que habría realizó González a sus familiares directos luego del siniestro vial.
Según la investigación, González no pudo demostrar que los ingresos que recibió como funcionario y legislador provincial sean suficientes para explicar el crecimiento patrimonial que exhiben sus declaraciones de bienes. Por ese motivo, el fiscal lo acusó de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
La Sala A de la Cámara Federal confirmó recientemente la prisión domiciliaria a González dictada por el juez N° 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja al considerar que persisten los riesgos procesales, en particular, que el exfuncionario entorpezca la investigación o eluda a la Justicia.
La Cámara estableció que la domiciliaria tenga un plazo inicial de cuatro meses, que podrá ser prorrogada por el juez.
La última novedad en la causa es la decisión de la misma Cámara de confirmar el embargo, ordenado por Vaca Narvaja en marzo último, sobre algunos bienes de González y otros de sus hijos, Oscar Martín González, Ana Carolina González y Diego Raúl González, hasta cubrir 424.095,89 dólares.
Los camaristas, Abel Sánchez Torres, Eduardo Ávalos y Graciela Montesi, también convalidaron el segundo punto de la resolución de Vaca Narvaja: “En caso de inexistencia o desconocimiento de bienes que puedan ser objeto del embargo preventivo, ordenar el embargo preventivo de todos los bienes de titularidad de González hasta cubrir 424.095,89 dólares. En caso de no contar con bienes declarados para cubrir el monto, o si los mismos fueran insuficientes, disponer la inhibición general de bienes”.
