Una investigación judicial en Córdoba destapó una maniobra utilizada para ingresar objetos prohibidos a las cárceles provinciales. El esquema consistía en la utilización de certificados médicos apócrifos, mediante los cuales visitantes —principalmente mujeres— simulaban embarazos o enfermedades para evitar los controles de escáner corporal durante las visitas al complejo penitenciario de Bouwer.
La pesquisa, iniciada meses atrás tras una denuncia del Servicio Penitenciario, derivó en un amplio operativo encabezado por la Unidad Judicial de Delitos Económicos. Este jueves se llevaron a cabo 120 allanamientos en diferentes barrios de la capital y localidades del interior, además de requisas internas en Bouwer y en el Establecimiento Penitenciario N.º 9.
Como resultado, las autoridades secuestraron celulares, equipos informáticos, dinero en efectivo, documentación falsificada y sellos profesionales, además de detener a dos personas acusadas de organizar las maniobras. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 11, que continuará con la investigación para determinar el alcance de la red y la posible participación de más involucrados.
Cómo inició la investigación
La maniobra salió a la luz gracias a una denuncia presentada por el Servicio Penitenciario de Córdoba, que detectó un patrón sospechoso en la documentación presentada por visitantes. En la mayoría de los casos, se trataba de mujeres que alegaban estar embarazadas para evitar los escáneres corporales y así ingresar celulares, estupefacientes y otros elementos prohibidos. Ante cada certificado presentado, el personal comenzó a verificar la validez de las firmas médicas en coordinación con el Consejo de Médicos de Córdoba, que colaboró para confirmar cuáles eran auténticas y cuáles habían sido falsificadas.
Cuando se comprobaba que la documentación era irregular, las mujeres que simulaban embarazos eran trasladadas a la Maternidad Provincial, donde se realizaban los estudios correspondientes y se confirmaba que no existía tal estado. Con estas pruebas, el Servicio Penitenciario reunió la evidencia y presentó una denuncia formal ante la Unidad Judicial de Delitos Económicos. Según los registros oficiales, hasta el momento se identificaron un centenar de certificados médicos falsificados utilizados en esta maniobra.
Las primeras irregularidades fueron detectadas en el Complejo Carcelario de Bouwer, donde el personal advirtió un uso reiterado de certificados médicos dudosos. Con el avance de las verificaciones, se constató que la maniobra también se replicaba en otros establecimientos penitenciarios de la provincia, lo que motivó la ampliación de la investigación y, más tarde, el despliegue de allanamientos en distintos puntos de Córdoba.
