Una investigación judicial destapó el funcionamiento de una banda que utilizaba drones para ingresar cocaína y celulares a la cárcel de Bouwer. El fiscal Carlos Cornejo solicitó elevar a juicio a ocho imputados por presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada.
La organización combinaba logística externa con coordinación interna dentro del penal, bajo las órdenes de los llamados “plumas”, líderes de pabellón que organizaban el ingreso, fraccionamiento y distribución de la droga.
Drones, persecución y el inicio de la causa
El caso comenzó a tomar forma el 22 de mayo de 2025, cuando efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico detectaron movimientos sospechosos en inmediaciones del penal. Un vehículo intentó evadir un control, lo que derivó en una persecución por la ruta 36 que terminó con dos detenidos y el secuestro de un dron.
Ese hallazgo fue clave para confirmar la existencia de una estructura organizada dedicada al ingreso aéreo de droga y celulares.
Roles y funcionamiento de la banda
Según la investigación, la organización tenía roles claramente definidos. Desde el interior del penal, los “plumas” coordinaban horarios —generalmente entre las 21 y las 23— para el arribo de los drones.
En el exterior, otros integrantes trasladaban la droga hasta las inmediaciones de la cárcel, mientras que dos mujeres realizaban tareas de “punta” para detectar posibles controles policiales.
Los drones eran operados para atravesar el perímetro del penal e ingresar directamente a las celdas. Una vez dentro, la droga era fraccionada y distribuida entre internos para su comercialización.
Pagos y circuito del dinero
Por cada operación, los involucrados habrían recibido pagos de entre 300 mil y 600 mil pesos. Para evitar rastros, el dinero era transferido desde cuentas de familiares o allegados de presos, lo que complejizaba el seguimiento financiero.
Ascenso económico bajo sospecha
Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue el rápido crecimiento patrimonial de algunos integrantes. Testimonios de vecinos señalaron cambios notorios en viviendas y la utilización de vehículos de alta gama, incompatibles con sus ingresos declarados.
La causa ahora avanza hacia una posible elevación a juicio, mientras la Justicia busca determinar responsabilidades en una modalidad delictiva que expone nuevas formas de operar del narcotráfico dentro del sistema penitenciario.
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