Tras meses de sortear trabas sin conseguir que ningún testigo citado acuda, la comisión investigadora $Libra prepara su informe final a la par de una batería de medidas judiciales, entre ellas, presentarán este lunes un recurso extraordinario ante la Corte Suprema en reclamo por la falta de auxilio que la Justicia brindó para que los testigos convocados -incluida Karina Milei– acudan por la fuerza pública.
Además, preparan denuncias ante el Consejo de la Magistratura contra el juez Marcelo Martínez de Giorgi y ante la Procuración General de la Nación contra el fiscal Eduardo Taiano. En ambos casos por mal desempeño.
En paralelo denunciarán por falta de colaboración e incumplimiento de funcionario público a distintos miembros del Poder Ejecutivo: el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, los titulares de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik, y de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, además de la responsable de la Unidad de Investigación que creó el Poder Ejecutivo por el tema, María Florencia Zicavo, y el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Emilio Silva. Todos ellos fueron citados y no se presentaron a la comisión.
Como contó Clarín, los miembros opositores de la comisión solicitaron a la justicia el auxilio de la fuerza pública para que los obliguen a acudir. Pero primero fue el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi quien se negó. Los diputados apelaron pero la Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal -integrada por Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi- ratificó el fallo del magistrado.
En los argumentos señalaron que la imposición de la “medida coercitiva” pedida es en relación a hechos “que se inscriben en el seno de un procedimiento desarrollado en ejercicio de atribuciones propias de otro poder del Estado, ajenas a la función jurisdiccional penal” y que “excede la competencia del magistrado”.
Aunque en otras ocasiones la Justicia atendió a los pedidos de las comisiones investigadoras del Congreso. Como en 2022 cuando el juez Ariel Lijo le ordenó al ex director de la Obra Social judicial Aldo Tonón a asistir a la citación del Parlamento después de tres faltazos a la comisión de Juicio Político.
Ya que los magistrados ahora no quieren involucrarse, la comisión pedirá a la Corte Suprema que dirima si debe, o no, hacerlo.
Los legisladores denuncian una falta de cooperación de los funcionarios judiciales y del Ejecutivo e incluso hablan de “encubrimiento”.
Lo cierto es que la comisión que el oficialismo parlamentario -con ayuda de sus aliados del PRO y la UCR- intentó dejar paralizada funcionó con trabas sistemáticas y esta semana vence el plazo que se habían fijado.
El martes 18 de noviembre, a las 16, harán en el Salón Delia Parodi la presentación del informe final con las conclusiones y las recomendaciones. A su vez, toda la información recabada será remitida a la causa judicial.
Los legisladores recibieron información valiosa por parte de las billeteras virtuales en la que pudieron registrar transacciones millonarias entre Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Hayden Davis en las fechas cercanas a la estafa $Libra.
A su vez encontraron que dos meses antes del escándalo $Libra “los mismos socios realizaron una operatoria similar con el crypto-activo $KIP en la que también se involucró el Presidente en su promoción y difusión”.
“La verdad sobre $LIBRA y sobre quienes intervinieron en su organización y ejecución va a conocerse. Esta Comisión dio pasos concretos para evitar que el caso se diluya o se cierre sin explicación, tanto en la opinión pública como en la justicia. El derecho a saber de las sociedades debe estar garantizado y vamos a sostenerlo hasta el final”, declaró Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica y presidente de la comisión investigadora.
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