
En su último año de gobierno, el presidente Gustavo Petro apuesta a consolidar su proyecto de Paz Total, con el que ambiciona negociar y desarmar a los múltiples grupos armados y bandas urbanas que azotan al país.
En julio, el Ejecutivo llevó al Congreso el proyecto de ley “Paz Total, Orden Público y Seguridad Ciudadana” que ofrece un tratamiento penal especial para que se sometan a la justicia un amplio abanico de actores ilegales: desde guerrilleros hasta narcotraficantes y secuestradores.
El proyecto genera polémica porque, a cambio del sometimiento voluntario, permite que se otorguen beneficios penales como penas de entre cinco y ocho años para los involucrados en el conflicto armado; reducciones de entre el 40% y el 60% de la condena para los miembros de bandas criminales; retención parcial de bienes y garantías de no extradición.
Paz Total también habilitaría a que algunos de los criminales más poderosos del país conserven hasta el 12% de sus ganancias ilícitas a cambio de someterse a la justicia y entregar las armas.
Los bienes entregados por estos grupos se utilizarían para indemnizar a las víctimas del conflicto, dijo el viceministro de Justicia, Yefferson Dueñas.

“Sacrificamos algo de justicia retributiva para maximizar otros derechos: la verdad, la reparación y la no repetición”, afirmó Dueñas en una entrevista citado por Bloomberg. “Las negociaciones serán difícilmente realizables sin esos incentivos”, agregó.
El gobierno de Petro sostiene que los intentos de reprimir a los grupos armados ilegales han fracasado y que se necesitan nuevos enfoques. También creen que Paz Total es clave para un avance definitivo en los diálogos con la guerrilla: “Sin el proyecto de ley y el marco legal, la posibilidad de éxito de las negociaciones es extremadamente baja”, dijo Dueñas.
Una encuesta de Invamer publicada este mes reveló que el 67% de los colombianos considera que la iniciativa de Paz Total va por mal camino, mientras que solo el 26% cree que va bien.
La reacción de Donald Trump
Mientras se debate el proyecto de ley en el Congreso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumenta la presión sobre el país. Las relaciones se han deteriorado por los choques entre los gobiernos de Petro y Trump en torno a la migración, la seguridad y el aumento récord de la producción de cocaína.
Dueñas afirmó que parte del aumento de la producción de cocaína se debe a la mayor demanda en nuevos mercados, como India y otros países asiáticos. También aclaró que el proyecto de ley de Paz Total no modificará la legislación vigente sobre extradición ni los esfuerzos internacionales contra el narcotráfico.
En septiembre, la administración Trump decidirá si excluye a Colombia como aliado en la guerra contra las drogas. Si es excluido, el país quedará en la misma categoría que Bolivia y Venezuela, lo que restringiría el acceso a ciertas ayudas y préstamos.
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