Las clínicas privadas de Córdoba atraviesan una crisis financiera severa por los atrasos y el desdoblamiento de pagos del PAMI. Ignacio Escuti, presidente de la Asociación de Clínicas Privadas de Córdoba, explicó que desde octubre los pagos llegan con semanas de demora y en cuotas, lo que genera un fuerte desfinanciamiento. Mientras el PAMI aumentó tarifas un 70% desde enero de 2024, la inflación en el sector salud superó el 150%, dejando a las instituciones trabajando prácticamente a pérdida.
El impacto ya se siente en el interior provincial: la clínica de Marcos Juárez, la única que atendía a jubilados de la zona, cerró sus puertas y ahora los pacientes deben trasladarse más de 100 kilómetros para recibir atención. Escuti advirtió que esta situación podría replicarse en otras localidades si no se regularizan los pagos, y subrayó que la mayor parte de las prestaciones médicas en Córdoba se realizan en el sector privado, por lo que la pérdida de clínicas representa un problema grave para jubilados y la población en general.
El reclamo cordobés se suma a un panorama nacional complejo. Según la CONFECISA, el PAMI acumula una deuda que supera los $500.000 millones con clínicas, sanatorios, médicos y farmacias. En provincias como La Pampa y la Patagonia, prestadores ya anunciaron que podrían cortar servicios si no se encuentran soluciones, mientras que el Colegio de Farmacéuticos de Buenos Aires alertó que muchas farmacias están en situación crítica y podrían dejar de atender a jubilados.
En Córdoba, el gobernador Martín Llaryora se sumó al reclamo y pidió al Gobierno nacional “defender a los abuelos” y aportar recursos para garantizar la atención. Desde la delegación local del PAMI reconocen la buena relación con las clínicas, pero admiten que no tienen injerencia en la cuestión financiera. A nivel nacional, el ministro de Salud Mario Lugones y el ministro de Economía Luis Caputo mantienen negociaciones para un auxilio financiero, aunque todavía no hay definiciones concretas.
La tensión entre la necesidad de mantener el equilibrio fiscal y la urgencia de sostener el sistema sanitario pone en riesgo la atención de miles de jubilados. Las clínicas advierten que, sin una solución inmediata, el cierre de instituciones podría multiplicarse y dejar a vastas zonas de la provincia sin cobertura médica adecuada.
