El pasado 5 de agosto, 55 años después de su ingreso, el gobierno de José Antonio Kast decidió retirar a Chile del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), un bloque que hasta la salida chilena contabilizaba 120 miembros y del que el país formaba parte desde 1971.
La instrucción transmitida a las representaciones chilenas fue abandonar el bloque de manera completa e inmediata.
La decisión generó cuestionamientos inmediatos entre exautoridades de la política chilena. El excanciller Heraldo Muñoz la calificó como “una torpeza” y recordó que la participación en el MNOAL había permitido a Chile contener los intentos de Bolivia por conseguir apoyos durante el litigio marítimo ante La Haya. También advirtió que el retiro se produce mientras Valparaíso busca votos para convertirse en sede de la Secretaría del Tratado de Alta Mar.
Mariano Fernández, también excanciller, señaló por su parte que el bloque reúne a muchos Estados con los cuales Chile mantiene relaciones bilaterales poco intensas, y que el foro facilita contactos y acuerdos difíciles de alcanzar por otras vías. José Miguel Insulza, miembro del Partido Socialista, interpretó la decisión como parte de una política orientada a establecer “socios preferenciales”. Desde la Cancillería rechazaron que el retiro suponga abandonar el multilateralismo y afirmaron que Chile continuará participando activamente en otros organismos y foros internacionales.
Pero existe otra forma de mirar la decisión. Hace más de treinta años, el argentino Carlos Escudé dedicó buena parte de su obra a discutir exactamente este tipo de dilema: ¿cómo debería comportarse internacionalmente un Estado que no tiene la capacidad para determinar las reglas del sistema internacional?
La respuesta que desarrolló bajo el nombre de Realismo Periférico conduce a una pregunta bastante más concreta que la discusión entre alineamiento y autonomía: ¿qué gana Chile con esta decisión?
Un realismo para los que no deciden las reglas
Escudé no clasificó a los países por riqueza sino por poder de decisión. Los hacedores de reglas son los que se sientan, con veto y asiento permanente, en el Consejo de Seguridad; todo el resto, Chile incluido, opera dentro de un sistema cuyas reglas no define.
La consecuencia normativa de esto no era el aislacionismo ni el alineamiento automático: era subordinar la política exterior al crecimiento económico y al bienestar de la población, por encima del prestigio o de las confrontaciones que no dejan nada a cambio.
De ahí se desprende una de las herramientas más útiles de su teoría para este debate: la distinción entre consumo e inversión de autonomía. Utilizar margen de maniobra en decisiones cuyo retorno material es nulo o difícil de identificar supone, en términos escudeanos, consumir autonomía.
En cambio, asumir costos o confrontaciones puede constituir una inversión cuando existe una expectativa razonable de obtener beneficios concretos, ampliar capacidades o evitar pérdidas mayores. El retiro argentino del MNOAL en 1991 puede leerse bajo esa lógica. Escudé incluyó al Movimiento entre las arenas de confrontación simbólica que el gobierno de Menem decidió abandonar. La salida no garantizaba por sí misma una ganancia económica: su racionalidad consistía, más bien, en dejar atrás una instancia cuya utilidad material era limitada y cuyos costos políticos podían resultar mayores que sus beneficios.
Por qué la comparación con 1991 no alcanza
El problema es trasladar esa conclusión, sin más, al Chile de 2026. La Argentina de Menem venía de una hiperinflación, buscaba recomponer su inserción financiera internacional y tomaba decisiones en un sistema unipolar recién consolidado tras la caída de la URSS.
El Chile de Kast enfrenta un tablero distinto. China fue en 2025 su principal socio comercial, concentrando el 33,3% del intercambio de bienes y el 36,8% de sus exportaciones. Durante el primer semestre de 2026 continuó encabezando ambas mediciones, con 30,8% del intercambio total y 33,9% de las exportaciones. Estados Unidos, segundo socio comercial, registró en 2025 un intercambio bilateral de US$33.908 millones y figura además como segundo mayor inversor extranjero en Chile, con un stock informado de US$29.455 millones. Ese mismo año fue también el principal destino de las exportaciones chilenas de servicios.
Es decir, Chile no tiene un solo condicionante externo: tiene dos, y son de signo distinto. Ninguno es prescindible. Esto vuelve más exigente al Realismo Periférico: cuantos más actores de peso condicionan a un Estado pequeño, menos margen tiene para gastar autonomía en gestos sin retorno, porque cualquiera de esos actores puede cobrar la factura.
La pregunta que el Gobierno todavía no contestó
Escudé fue explícito en algo que suele perderse en las lecturas rápidas de su obra: la autonomía no se mide por la distancia que un país toma de otro, sino por lo que le cuesta ejercerla y lo que obtiene a cambio. Un país no es más autónomo por retirarse de un foro; es más autónomo si esa salida le reporta algo medible.
Y aquí aparece un contraste particularmente interesante: en agosto, Estados Unidos pidió explícitamente a países latinoamericanos que abandonaran la Corte Penal Internacional (CPI). El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, formuló el llamado durante una reunión en Panamá con ministros de Defensa de la región. Chile estaba representado en ese encuentro y, pocos días después, el canciller Francisco Pérez Mackenna confirmó que el país seguiría siendo miembro de la Corte, aunque reconoció que el organismo podía ser perfeccionado.
La comparación resulta relevante desde la perspectiva del Realismo Periférico. Si la autonomía consiste en administrar cuidadosamente los costos y beneficios de las decisiones internacionales, entonces no existe una regla según la cual acercarse a Estados Unidos sea siempre una ganancia o desafiarlo sea siempre una pérdida. La cuestión es, en cada caso, qué interés concreto está en juego y qué obtiene Chile a cambio de asumir un costo.
Y en el caso de la CPI existe, además, un costo concreto que Chile tendría que considerar si decidiera abandonar el organismo: el país ya está utilizando activamente ese canal para un asunto que le importa directamente.
En marzo de 2025, el canciller Alberto van Klaveren y el fiscal nacional Ángel Valencia viajaron a La Haya y entregaron a las autoridades de la CPI información vinculada al secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, refugiado en Chile. Las autoridades chilenas explicaron que esos antecedentes podían resultar relevantes para la investigación de la CPI sobre la situación de Venezuela y ofrecieron cooperación para fortalecer el vínculo entre ambas investigaciones. Incluso se planteó la posibilidad de crear un equipo conjunto de investigación.
El vínculo institucional tampoco comenzó con el caso Ojeda. En 2018, Chile fue uno de los seis Estados (junto con Argentina, Canadá, Colombia, Paraguay y Perú) que remitieron formalmente la situación de Venezuela a la Fiscalía de la CPI para que investigara presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2014. Esa remisión dio origen al proceso conocido como Venezuela I, que posteriormente pasó a una investigación formal.
Esto vuelve más tangible el costo de una eventual salida. Chile no es simplemente un Estado parte que participa de manera rutinaria en una institución internacional: ya invirtió capital diplomático y judicial en utilizarla como herramienta frente a un problema que considera relevante para su propia seguridad y política exterior.
En el caso Ojeda, además, se trata de un crimen ocurrido en territorio chileno y de una investigación en la que las autoridades del país sostienen que existen antecedentes que podrían vincular a miembros de la cúpula del régimen venezolano con el asesinato. La propia Fiscalía chilena presentó esos antecedentes ante la CPI con el objetivo de que eventualmente fueran considerados en la investigación sobre Venezuela.
Por supuesto, esto no significa que abandonar la CPI automáticamente paralizaría la investigación chilena sobre Ojeda ni que Chile perdería toda posibilidad de cooperar con la Corte. La investigación penal del asesinato corresponde a las autoridades chilenas y la investigación Venezuela I tiene un ámbito jurisdiccional propio. Pero sí implicaría renunciar a una herramienta institucional que Chile está utilizando activamente y que el propio Gobierno consideró suficientemente relevante como para llevar información a La Haya y proponer mecanismos de cooperación.
La diferencia con el MNOAL es precisamente esa. En la CPI, Chile puede identificar con claridad qué capacidad obtiene al permanecer: conserva un canal institucional que ya está utilizando en un asunto sensible para su política exterior y en una investigación internacional que el propio Estado contribuyó a impulsar. En el MNOAL, en cambio, el Gobierno ha explicado por qué considera que el foro pertenece a otro contexto histórico, pero todavía no ha identificado qué capacidad concreta pierde o qué beneficio concreto obtiene al abandonarlo.
La diferencia es importante. No se trata, entonces, de medir la autonomía por la distancia respecto de Estados Unidos. Un mismo gobierno puede resistir una presión de Washington en un asunto y, al mismo tiempo, acercarse a sus posiciones en otro sin que exista necesariamente una contradicción. Desde Escudé, ambas decisiones deben evaluarse por separado: ¿qué costo se asume, qué capacidad se preserva y, sobre todo, qué beneficio concreto se espera obtener?
Es justamente ahí donde la salida del MNOAL queda más expuesta. Si Chile puede sostener su pertenencia a la CPI pese a una presión explícita de Estados Unidos —y además tiene intereses concretos en juego dentro de ese organismo—, la explicación de que abandonar el MNOAL constituye simplemente una adaptación al nuevo contexto internacional resulta insuficiente. La pregunta vuelve a ser la misma: ¿qué obtiene Chile a cambio?
¿Qué consiguió Chile con la salida?
¿Mejoró de manera concreta su relación con Estados Unidos? ¿Destrabó una negociación comercial? ¿Redujo un costo financiero? ¿Obtuvo una ventaja diplomática, económica o de seguridad que no hubiera podido conseguir permaneciendo dentro del Movimiento?
Si existe un beneficio verificable de ese tipo, la decisión podría ser defendida, en términos escudeanos, como una inversión de autonomía: asumir un costo diplomático a cambio de una ganancia vinculada al interés material del país.
Pero hasta el 24 de agosto, la explicación pública de la Cancillería ha sido otra. El argumento presentado para abandonar el MNOAL fue que el organismo pertenecía a otro contexto histórico y ya no respondía a los desafíos contemporáneos.
Eso no demuestra que semejante beneficio no exista ni que no pueda aparecer más adelante. Sí impide, por ahora, identificar cuál habría sido el retorno concreto de la decisión.
Treinta y cinco años después de la salida argentina del MNOAL, la pregunta de Escudé conserva así buena parte de su utilidad, aunque el sistema internacional sea otro. En clave de Realismo Periférico, el valor de una política exterior no reside en parecer más occidental, más independiente o alineada. Reside en lo que esa política permite obtener y en los costos que evita.
La comparación con la CPI permite, además, precisar qué debería significar la autonomía para un país como Chile. Autonomía no es confrontar a Estados Unidos ni seguirlo; tampoco consiste en pertenecer o abandonar determinados foros internacionales. Consiste en disponer de margen de maniobra suficiente para decidir en cada caso qué costos vale la pena asumir y qué beneficios justifican hacerlo.
En la CPI, Chile acaba de demostrar que puede sostener una posición propia frente a una presión explícita de Washington. Y no lo hace en abstracto: tiene intereses concretos en juego y ya ha utilizado el organismo como herramienta de política exterior en relación con Venezuela y el caso Ojeda. En el MNOAL, en cambio, el Gobierno todavía no ha mostrado qué beneficio concreto justifica el costo de abandonar un foro del que formó parte durante 55 años.
Por eso, el problema de la salida del MNOAL no es que Chile se haya acercado a Estados Unidos. El problema es que todavía no está claro para qué lo hizo.
Hasta que esa respuesta aparezca, resulta difícil interpretar la decisión como una inversión de autonomía. En los términos de Escudé, el margen de maniobra se utilizó; lo que todavía no puede identificarse es el retorno.
Martina Cardenas y Damián Cichero son analistas internacionales y profesores de Relaciones Internacionales en la UADE.
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