Este lunes, la jueza Loretta Preska debe resolver si concede a la Argentina la suspensión del fallo que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF a fondos litigantes, como parte del juicio por la expropiación de la petrolera en 2012.
El Gobierno nacional ya apeló la sentencia ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Según el especialista Sebastián Maril, que sigue el caso de cerca, la presentación también anticipa la posibilidad de acudir a la Corte Suprema de Estados Unidos si la decisión vuelve a ser desfavorable.
CAUSA YPF: ARGUMENTOS DE ARGENTINA
Entre los argumentos centrales, la defensa argentina sostiene que la orden de Preska viola el derecho federal estadounidense, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional. También se señala que el Departamento de Justicia de EE.UU. —durante la gestión de Donald Trump— expresó su respaldo a la posición argentina a través de una declaración de interés.
El escrito presentado además advierte que el fallo implicaría un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”, lo que agravaría aún más el conflicto diplomático y legal.
