El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, tomó varias decisiones respecto al decomiso de bienes de los condenados en el marco de la causa Vialidad hasta cubrir la suma de $ 685.000 millones. Sin embargo, un último planteo formulado por Cristina Kirchner le permite a la ex presidenta ganar más tiempo y retrasar la ejecución patrimonial.
Ocurre que la defensa de Cristina, a cargo de Carlos Beraldi, pidió que todo lo referido a la ejecución patrimonial (como parte del decomiso) deje de tramitar en Comodoro Py y se vaya al fuero Civil y Comercial. Ante ese planteo, el TOF 2 decidió conceder el recurso que ahora deberá ser analizado por la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal.
Según pudo saber Clarín, debido a las audiencias fijadas y el plazo que corre para que los camaristas se expidan al respecto, no habrá una decisión hasta dentro de un mes.
Pese a los planteos presentados por Cristina, con la marcada finalidad de retrasar la medida inevitable que es la ejecución patrimonial, el TOF 2 ya fue tomando algunas decisiones determinantes.
En primer lugar, después de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó que el monto a decomisar es de 684.990.350.139,86, le recordaron a la ex presidenta que el decomiso tiene una cifra de base, de $ 85.000 millones, que se fijó en la sentencia condenatoria. Allí se explicó “el modo en que se arribó a la cifra que, finalmente y con toda precisión, quedó plasmada”, en la decisión del TOF 2.
En una de las últimas resoluciones, los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, coincidieron en que la condena dictada en diciembre de 2022 se encuentra firme desde la intervención de la Corte en junio pasado, “lo que clausura cualquier debate sobre la procedencia o extensión del decomiso”.
Bajo ese mismo criterio señalaron que lo que corresponde ahora es “únicamente su ejecución, con la actualización necesaria para resguardar el valor real de las sumas confiscadas”.
Con un criterio unánime, los integrantes del máximo tribunal penal indicaron que el decomiso es una “consecuencia legal e imperativa de la condena penal prevista en el artículo 23 del Código Penal”. Es decir: es resultado del delito cometido y que confirmó la sentencia de juicio.
Ante el respaldo concedido por la Casación, recientemente el TOF 2 decidió pedir la opinión de las defensas frente al listado de bienes a decomisar presentado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
Como se incluían 20 inmuebles de la familia Kirchner, cedidos por la ex presidenta a sus hijos a título gratuito y en partes iguales en 2016, el Tribunal considero que correspondía requerir la opinión de Máximo y Florencia Kirchner antes de avanzar en la ejecución patrimonial.
La decisión, señalaron fuentes judiciales a Clarín, expone una primera medida adoptada por el TOF 2: la de no suspender el trámite correspondiente a la ejecución patrimonial. “Sin perjuicio de los recursos interpuestos, se está avanzando en el trámite de ejecución de bienes a fines de satisfacer el monto del decomiso”, indicaron
La Casación fue la que sostuvo que la resolución a la “naturaleza obligatoria del decomiso como consecuencia legal accesoria de la condena penal, en cumplimiento de lo establecido por el Código Penal y las convenciones internacionales contra la corrupción”.
Los inmuebles de Cristina
El fiscal general Diego Luciani presentó hace unos días un listado de veinte inmuebles de Cristina Kirchner, y otros 89 del empresario K Lázaro Báez sobre los cuales pidió la ejecución patrimonial inmediata.
Es respecto a este pedido que aún corre el plazo para que las defensas se pronuncien y después de ello, el Tribunal tomará una decisión.
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