Inmutable, como en cada aparición pública, la monja japonesa Kumiko Kosaka oyó su condena: 20 años de prisión por siete de los aberrantes abusos sexuales cometidos contra chicos sordomudos del Instituto Católico Próvolo de Mendoza.
La fiscalía y la querella habían solicitado 22 años para la religiosa acusada como autora material de tocamientos y cómplice de los curas por los abusos sexuales cometidos en el colegio religioso.
Por su parte, la defensa mantuvo la postura de inocencia y decidió no formular un pedido de pena concreto ante los jueces.
Este jueves en una audiencia a puertas cerradas en el Polo Judicial de Mendoza, el Tribunal Penal Colegiado N° 2 la condenó a 20 años y la inhabilitó por 10 para ejercer como monja.
Además, los jueces Gabriel Bragagnolo, Federico Martínez y Juan Manuel González Pina le prohibieron salir del país y le impusieron una fianza de 15 millones de pesos.
“La Justicia tardó en llegar, pero finalmente Kumiko también es condenada. Mi hija, aunque ya es mayor de edad, no se animó a venir porque es revivir todo el dolor que esta mujer le causó”, dijo Ariel Lizarraga, el padre de la primera denunciante del caso Próvolo.
La situación de la monja cambió abruptamente luego de que la Suprema Corte de Mendoza revisó la absolución dictada en 2023 por el Tribunal Penal Colegiado N.º 1 de Mendoza, integrado por las juezas Gabriela Urciuolo, María Belén Renna y María Belén Salido.
La Corte provincial estableció su autoría en cuatro de los hechos. Y en dos actuó como partícipe necesaria de abuso con acceso carnal contra alumnos de la institución educativa.
Asimismo, Kosaka fue hallada culpable como autora en otros tres casos de abuso sexual simple. La revisión de la sentencia consideró que las pruebas previas se habían analizado de “forma fragmentada”.
Por su parte, el abogado defensor Carlos Varela Álvarez presentó un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de que se revise la reciente condena de la Corte mendocina.
Por su parte, el abogado de la querella, Sergio Salinas, explicó que la monja se fue “caminando del polo judicial”, ya que estará libre hasta que “se confirme si le dan prisión domiciliaria o a la cárcel” y que, por ahora, “no la han dejado salir del país”.
El caso
El caso del Instituto Antonio Próvolo, ubicado en Luján de Cuyo, sacó a la luz una red de abusos sexuales y violaciones cometidas de forma sistemática entre 2005 y 2016 contra al menos una veintena de niños, niñas y adolescentes hipoacúsicos que asistían a la escuela albergue.
Las actuaciones judiciales se iniciaron en noviembre de 2016 a raíz de las denuncias formuladas por los propios estudiantes asistidos por intérpretes de lengua de señas, proceso que condujo al cierre definitivo del establecimiento escolar en 2017.
Tras un proceso legal en contra de los principales responsables, la Justicia mendocina dictó condenas contra el sacerdote Horacio Corbacho, sentenciado a 45 años de prisión; el sacerdote Nicola Corradi, condenado a 42 años de cárcel -falleciendo en 2021 bajo arresto domiciliario- y el jardinero Armando Gómez, que fue condenado a 18 años de prisión.
En septiembre de 2018, el empleado administrativo José Bordón confesó su culpabilidad mediante un juicio abreviado y fue condenado a 10 años de prisión.
Mendoza. Corresponsal.
AA
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