El reconocido abogado Carlos Nayi publicó una contundente columna de opinión en el diario La Voz, titulada “Caso Manuel Adorni: ha llegado la hora de la Justicia“.
En su escrito, el letrado analizó la permanente controversia pública en torno a las significativas sumas de dinero no declaradas por el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación y marcó una diferenciación técnica clave que suele confundirse en la opinión pública.
Nayi advirtió de entrada que “la diferencia entre inocencia fiscal e inocencia judicial es abismal” y explicó que son conceptos que no responden a la misma lógica.
Precisó que el acogimiento a un blanqueo o la regularización impositiva frente al órgano recaudador de ninguna manera implica que se extinga la sospecha penal vinculada con el incremento desmedido de los bienes.
“Quien regulariza, acorralado por la sospecha, una situación impositiva puede eventualmente poner sus cuentas al día con la administración fiscal, pero esto no neutraliza el embate de la Justicia en vistas de determinar el origen de los fondos“, sentenció el abogado en el texto difundido por el medio cordobés.
Evolución patrimonial y la exigencia ciudadana según Carlos Nayi
Para el letrado, la columna vertebral de cualquier investigación patrimonial objetiva consiste en establecer si se puede obtener una explicación razonable, de trazabilidad verificable y documentada en torno a la evolución económica de un funcionario. Remarcó que los ciudadanos exigen respuestas compatibles con los ingresos legítimos de quienes desempeñan responsabilidades institucionales relevantes.
En ese sentido, Nayi remarcó que “una regularización fiscal no equivale a una amnistía moral ni jurídica” y que, de acuerdo con lo que se conoce públicamente del caso, la Justicia Penal está obligada a avanzar en una investigación profunda contra Adorni.
Dejó en claro que el foco de los jueces no debe ser cuánto dinero tiene el funcionario, sino indagar meticulosamente cómo se obtuvo y si existen conductas incompatibles con la función pública.
Finalmente, el abogado calificó las aclaraciones del funcionario nacional como “infantiles”, “extemporáneas” y cargadas de contradicciones escandalosas. Concluyó que en una república fundada en la ley toda mentira es reprochable, pero aquellas que adquieren relevancia penal deben ser indefectiblemente investigadas y sancionadas.
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