En respuesta al reciente anuncio del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, sobre el envío de una reforma a la Ley de Inocencia Fiscal, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) formalizó un pedido al Palacio de Hacienda. La entidad gremial empresaria solicitó que, mientras esté vigente el período de espera previsto en la legislación, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) postergue la aplicación de sanciones a las pequeñas y medianas empresas.
La propuesta de CAME contempla un esquema gradual para las penalizaciones: pidieron que, si una pyme se pone al día con la deuda intimada dentro de los 15 días posteriores a que finalice el mencionado plazo de gracia, se le aplique una quita del 50% en el valor de la multa. Según el planteo de la entidad, el castigo financiero total —con los valores fijados por la normativa— solo debería ejecutarse en caso de que expire esa última ventana de tiempo sin que el contribuyente haya cancelado su obligación tributaria.
Aprovechando el origen fiscal que tendrá el nuevo proyecto de ley, la organización empresaria consideró oportuno requerir el congelamiento temporario de las ejecuciones fiscales y de las trabas de embargos que pesan sobre el sector productivo menor.
En ese sentido, Vicente Lourenzo, coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, detalló las características que debería tener la asistencia estatal: “Pedimos la implementación de un régimen especial de facilidades de pago que contemple hasta 48 cuotas, con una condonación del 50% de los intereses devengados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación“. El directivo precisó que este plan de regularización tendría que incluir tanto las obligaciones impositivas vencidas hasta el 31 de mayo de 2026, como las moratorias actuales y aquellas que se hayan caído por falta de pago.
La gestión de la entidad representativa del sector pyme se da en un escenario complejo, marcado por la retracción del consumo interno y por las sugerencias de reforma impositiva que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le viene planteando al Gobierno nacional.
Desde CAME remarcaron que escuchar y dar curso a este reclamo ante el Ministerio de Economía es un paso fundamental para proteger a las empresas de tamaño mediano y chico, apuntalar su capacidad de competir en el mercado y garantizar que puedan sostener su actividad económica de manera duradera.
