En un giro político que tensiona el discurso oficialista, Patricia Bullrich confirmó que el Gobierno de Javier Milei alcanzó un acuerdo con la CGT para avanzar con la Reforma Laboral. Según explicó, se decidió mantener la obligatoriedad de las cuotas sindicales destinadas a financiar las obras sociales, una concesión clave para garantizar apoyo parlamentario.
Bullrich definió el pacto como un “acuerdo de sensatez”, aunque implica 28 modificaciones al proyecto original, entre ellas la preservación de los aportes sindicales y un retroceso parcial en la polémica sobre licencias por enfermedad. En casos severos o degenerativos se mantendrá el 100% del salario, aunque el oficialismo insiste en que para accidentes fuera del ámbito laboral el sueldo se reducirá al 50%.
El anuncio generó críticas en sectores gremiales combativos, que denunciaron una entrega de derechos históricos a cambio de sostener estructuras de poder. Mientras tanto, el oficialismo busca mostrar pragmatismo en el Congreso, pese a que el acuerdo contradice la narrativa de confrontación con la “casta sindical”.
