Texas ya no depende de Washington para autorizar proyectos de almacenamiento de carbono bajo tierra. La Comisión Ferroviaria del estado (RRC, por sus siglas en inglés) obtuvo esa facultad tras dos años de negociaciones con la Agencia de Protección Ambiental federal.
Con esa aprobación, Texas se convirtió en el sexto estado del país en obtener esa autoridad, conocida como primacía. La comisión presentó su solicitud ante la EPA en diciembre de 2022, según reportó The Texas Tribune.
Los permisos Clase VI: cómo impactarían en varias industrias de Texas
Los permisos Clase VI regulan proyectos de captura de carbono cuyo objetivo es reducir las emisiones de CO2 procedentes de plantas eléctricas, fundiciones de acero, fábricas de cemento y otras instalaciones industriales. La tecnología, diseñada hace décadas, busca evitar que el dióxido de carbono llegue a la atmósfera.
En la captura directa de aire, el CO2 se separa de otros gases mediante un proceso químico, se comprime y se transporta, generalmente por ductos, hasta una instalación donde se inyecta en el subsuelo profundo.
Expertos consultados por The Texas Tribune advirtieron que el traslado de la autoridad de permisos al estado no anticipa una avalancha de nuevos proyectos. La razón principal: no hubo una expansión reciente de los incentivos fiscales federales para este tipo de proyectos de captura directa.
Por qué podría suponer un riesgo para las fuentes de agua potable
El CO2 se inyecta a gran profundidad, generalmente por debajo de los acuíferos de agua dulce. El peligro no es inmediato ni directo, sino que aparece si el revestimiento del pozo falla o si el CO2 migra por fracturas naturales del subsuelo. Al mezclarse con agua subterránea, el CO2 forma ácido carbónico, que puede disolver minerales y liberar metales pesados como arsénico o plomo en el acuífero.
Los críticos señalan que el monitoreo de permisos Clase VI tiene límites: los acuíferos son complejos y una fuga lenta podría pasar desapercibida durante años.
Un portavoz de la Comisión Ferroviaria afirmó en un comunicado que el programa estatal cumple los requisitos federales para proteger las fuentes subterráneas de agua potable. “La RRC tiene una larga trayectoria en la regulación de pozos de inyección de diversas categorías, y está comprometida con una supervisión rigurosa”, indicó.
Los gobiernos de los últimos años, tanto demócratas como republicanos, aprobaron incentivos tributarios para fomentar la captura de carbono. La industria del petróleo y gas adoptó esta tecnología como una solución climáticamente favorable, aunque su efectividad y sus beneficios ambientales permanecen en debate.
Los defensores de la captura de carbono argumentaron que el gobierno federal tardaba demasiado en aprobar los permisos, lo que frenaba el desarrollo de proyectos.
Para obtener la primacía, los estados deben demostrar que pueden aplicar la Ley Federal de Agua Potable Segura y que simplifican los trámites burocráticos para las empresas.
Texas, especialmente en zonas rurales, depende de acuíferos como el Ogallala y el Edwards para beber y cultivar. Esas reservas ya están bajo presión porque se usan más rápido de lo que se reponen. Para muchas comunidades pequeñas, no hay una llave alternativa a la que recurrir si el agua de su pozo se contamina.
Cuál será el presupuesto de la nueva oficina para permisos Clase VI
La comisión dotó su nueva oficina Clase VI con cuatro revisores técnicos, tres especialistas en ingeniería y un geólogo. Para su financiamiento, utiliza una subvención federal de 1.9 millones de dólares a cinco años, además de fondos estatales.
Las empresas pagan 50.000 dólares por solicitud inicial; las enmiendas a permisos existentes cuestan 25,000 dólares. Los operadores también abonan una tarifa anual de 50.000 dólares por cada año en que no inyecten CO2, hasta el cierre de la instalación.
Big news for TEXAS!
The U.S. Environmental Protection Agency (EPA) has approved the State of Texas’ application, granting the Railroad Commission of Texas (RRC) authority over Class VI Wells, which are used to safely store carbon dioxide deep underground. pic.twitter.com/3qiXIdMIF6
— Railroad Commission of Texas (@txrrc) November 12, 2025
La comisión recibió hasta la fecha 18 solicitudes. La primera la presentó en 2022 Oxy Low Carbon Ventures LLC, cuyo permiso fue aprobado de forma conjunta por la agencia estatal y la EPA en octubre. La empresa planea construir una instalación a unos 32 kilómetros al suroeste de Odessa, Texas, diseñada para almacenar hasta 8.5 millones de toneladas métricas de carbono en 12 años.
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