El gobernador Gavin Newsom anunció que el presupuesto estatal 2026-27 incluye una reforma de gobernanza educativa destinada a mejorar apoyo y supervisión de las escuelas en California. Los detalles todavía no han sido divulgados, pero los cambios podrían ser significativos para el sistema.
California tiene uno de los sistemas educativos más grandes y diversos del país. Esa magnitud trae complejidad. Para distritos y escuelas, la fragmentación se traduce en burocracia, mensajes contradictorios y programas que cambian de rumbo antes de consolidarse.
La propuesta tiene varios componentes. En primer lugar, plantea trasladar la responsabilidad de administrar el Departamento de Educación a la rama ejecutiva. En segundo lugar, propone unificar la formulación de políticas del Juna Estatal (o State Board) con el organismo que las implementa, para reducir fragmentación y aumentar coherencia.
La comunicación oficial sostiene que el sistema actual es complejo y fragmentado, y que esa estructura dificulta ofrecer apoyo consistente a distritos y escuelas. En la práctica, la fragmentación puede generar solapamientos. Newsom enmarca la reforma como una manera de incrementar “accountability”, es decir, la capacidad de saber quién responde por qué decisiones y cómo se implementan.
El comunicado también afirma que estas reformas han sido recomendadas durante décadas. Este argumento busca presentar la propuesta como modernización de un problema histórico y no como un cambio impulsivo.
Uno de los puntos más sensibles en reformas de gobernanza es el equilibrio entre coordinación y concentración de poder. Unificar puede mejorar coherencia, pero también puede generar críticas sobre control político. Por eso, el anuncio menciona fortalecer el rol del Superintendente estatal.
En California, la figura del superintendente tiene un papel central en educación pública y es parte de la arquitectura institucional. Reforzarlo como pieza de alineación sugiere que la reforma busca ordenar sin anular la participación de autoridades educativas específicas.
Otro de los inconvenientes que, según el gobernador, buscan atacar es la falta de consecución de varios objetivos entre los distintos niveles educativos del sistema. Muchas políticas fallan por falta de continuidad entre niveles: programas de alfabetización temprana que no se sostienen, transiciones de primaria a secundaria con brechas, o falta de alineación entre secundaria y educación superior.
Una gobernanza más coordinada podría facilitar trayectorias educativas consistentes, con objetivos y métricas más integradas. Esto no garantiza resultados, pero puede reducir fricciones institucionales que hoy dificultan implementar reformas de largo plazo.
El comunicado incluye apoyos de líderes y organizaciones educativas que señalan que la estructura actual crea obstáculos para quienes dirigen escuelas y que modernizar gobernanza puede ayudar a avanzar en equidad. La promesa es que una estructura más clara ayude a que recursos y programas lleguen mejor a quienes más lo necesitan.
El desafío es que “unificar” no signifique simplemente mover piezas, sino simplificar procesos, mejorar soporte real a escuelas y elevar capacidad de supervisión sin perder participación local.
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