La legisladora radical exigió en La Voz En Vivo la renuncia de Ramón Flores, tras la detención de su asesor en una causa por abuso sexual y grooming de menores. Señaló que la estructura de poder facilitó un entramado delictivo en el norte provincial.
La legisladora de la Unión Cívica Radical (UCR), Brenda Austin, solicitó formalmente que su par Ramón Flores se aparte de su banca en la Legislatura de Córdoba.
El pedido surge tras la detención de su asesor, identificado como Villarreal, en una causa que investiga presunto abuso sexual y grooming de menores en Villa de María de Río Seco.
Durante una entrevista realizada en el streaming La Voz En Vivo —que también se transmite por Canal C en Flow— Austin señaló que los nuevos elementos de la causa agravan la situación del legislador.
Un entramado delictivo en Río Seco
Según la investigación judicial, algunos de los hechos habrían ocurrido en un campo propiedad de Flores. Austin describió la situación como un “entramado delictivo” que se valía de la estructura de poder local para operar en la zona. “Es difícil creer que el legislador Flores no sabía”, afirmó.
En el marco de la causa, trascendió que a las víctimas, niñas y adolescentes, se les habrían colocado chips anticonceptivos en el hospital regional, lo que suma nuevos actores bajo sospecha.
Presunta malversación de fondos públicos
Austin también denunció que Villarreal, pese a figurar como asesor legislativo, realizaba tareas como jornalero en el campo privado de Flores. Para la legisladora, esto constituye una “malversación de fondos públicos” al utilizar cargos pagados por el Estado para beneficios personales.
“Se utiliza un cargo público para que trabaje en tu campo o en tu casa”, señaló, comparando el accionar con el de un “patrón de estancia”.
Repercusiones políticas
El gobernador Martín Llaryora calificó el caso como un “hecho tremendo”, aunque evitó profundizar en medidas administrativas, derivando la responsabilidad a la conducción legislativa.
Por su parte, Flores habría manifestado a colaboradores que recibió instrucciones de “arriba” para no realizar declaraciones públicas, lo que la oposición interpretó como un intento de “control de daños”.
Austin también cuestionó la falta de transparencia en la Legislatura, denunciando que la nómina completa de empleados y contratados no está disponible para la ciudadanía.
Controles y antecedentes
Tras el escándalo, la Legislatura comenzó a exigir certificados de antecedentes nacionales y provinciales a todo su personal, con actualización cada seis meses. Desde la oposición, sin embargo, consideran que la medida es tardía y que no evita que hechos similares se repitan.
La investigación judicial continúa bajo secreto de sumario y no se descartan nuevas detenciones o imputaciones en los próximos días.
