La Justicia de Córdoba envió a juicio a 11 integrantes del Servicio Penitenciario Provincial, entre guardias y personal de salud, acusados por la muerte de César Darío Moreno en la Cárcel de Bouwer. La fiscalía sostiene que el interno fue víctima de tortura seguida de muerte, una de las figuras penales más graves del Código Penal, cometida en plena democracia y bajo custodia del Estado.
Moreno, de 50 años y sin antecedentes penales, había sido detenido en septiembre de 2023 tras sufrir una crisis de salud mental en la vía pública. Diagnosticado con trastorno bipolar y sin medicación, fue trasladado primero a la UCA y luego a Bouwer, donde quedó alojado en el módulo MD1. Nunca antes había estado privado de la libertad.
Según la investigación, tras un altercado con un guardia al que golpeó en el rostro, Moreno fue brutalmente agredido por otros penitenciarios como represalia. Recibió al menos 66 golpes, fue trasladado a un sector médico sin cámaras y quedó atado de muñecas, tobillos, muslos y pecho durante más de 48 horas, sin higiene ni atención médica adecuada. El forense determinó que murió por un tromboembolismo pulmonar provocado por la inmovilización prolongada y las lesiones.
Nueve de los imputados enfrentarán juicio por tortura seguida de muerte, entre ellos varios guardiacárceles, un médico clínico y una psiquiatra. Además, el exdirector del módulo fue acusado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y un enfermero por omisión de denuncia de hechos de tortura. La fiscalía remarcó que el accionar tuvo un claro fin de castigo y escarmiento, no terapéutico.
La causa fue instruida por el fiscal José Mana, quien destacó la extrema vulnerabilidad de la víctima y la intencionalidad de los tormentos. Con el aval previo del Juzgado de Control y la Cámara de Acusación, todo indica que el proceso avanzará hacia un juicio de altísimo impacto institucional. La pena prevista para la tortura seguida de muerte es prisión perpetua.
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