
La investigación judicial por las millonarias estafas en la obra social Apross de Córdoba sigue avanzando y ya cuenta con 24 imputados y 54 denuncias formales. El caso, que expone un entramado de corrupción sanitaria, involucra la confección de recetas médicas fraudulentas y la posterior venta ilegal de medicamentos.
El secretario de la fiscalía a cargo, Pablo Di Francesca, explicó a Cadena 3 que el modus operandi consistía en obtener datos de afiliados para generar recetas falsas. Estos medicamentos, en lugar de llegar a los pacientes, terminaban en el comercio ilegal.
Un esquema delictivo que habría operado por 15 años
Según Di Francesca, las maniobras podrían haberse desarrollado entre 2009 y 2024, un lapso de 15 años. De los 24 imputados, 16 permanecen con prisión preventiva. “Estamos ante un caso de difícil cuantificación por el tiempo transcurrido, pero preocupa la calidad y trazabilidad de los medicamentos involucrados”, advirtió.
En uno de los últimos operativos, la fiscalía incautó más de 1.500 unidades de medicamentos destinados al mercado negro. “Estos productos no cumplían con los requisitos para garantizar su efectividad terapéutica”, precisó.
El incendio en Apross y la desaparición de pruebas
A pesar del incendio ocurrido este año en una de las sedes de Apross, el funcionario confirmó que la investigación continúa, aunque reconoció que algunas pruebas útiles desaparecieron. Sin embargo, sostuvo que el equipo judicial sigue trabajando para evitar que el caso se vea afectado.
La magnitud del escándalo genera inquietud entre los afiliados, quienes esperan respuestas y posibles compensaciones. “Esta investigación, que lleva cuatro años, no finalizará hasta que los responsables enfrenten la justicia”, afirmó Di Francesca.