Durante el Plenario General de Delegadas y Delegados, celebrado esta mañana en el Consejo Directivo Provincial de ATE Córdoba, se ratificó la participación activa en la Jornada Nacional de Lucha organizada por ATE Nacional. El paro nacional de 36 horas se iniciará el martes 29 de octubre al mediodía, con acciones gremiales en Córdoba que reflejan la solidaridad y resistencia frente a las políticas de ajuste y represión.
Plan de movilización y acciones
Encabezado por Gabriela Alcoba, secretaria General Adjunta de ATE Córdoba, y acompañado por líderes gremiales como Jorge Chalup y Javier Bracamonte, el Plenario se desarrolló en el auditorio Héctor La Perra Castro y contó con la presencia de representantes sindicales de distintos sectores. Se destacó la participación de delegaciones provinciales, municipales y nacionales, quienes acordaron visibilizar los reclamos a través de acciones callejeras.
El martes 29 de octubre, ATE organizará una radio abierta frente a la Fundación Mediterránea, durante una visita del candidato Javier Milei. Mientras que el miércoles 30 se unirán a estudiantes universitarios en una concentración masiva en defensa de la educación pública. ATE también prevé un escrache a la Bolsa de Comercio de Córdoba, señalada como un apoyo a las políticas de ajuste.
Reclamos y demandas
Entre las principales demandas del paro, ATE exige:
- La reapertura de paritarias para evitar la pérdida del poder adquisitivo en el sector público.
- El fin de los despidos y el cierre de organismos.
- La reincorporación de trabajadores injustamente cesanteados.
Alcoba recordó recientes movilizaciones de apoyo a conflictos laborales en Río Tercero y Cruz del Eje. Además, señaló que el ingreso mínimo necesario para evitar la pobreza se sitúa en 1.5 millones de pesos, una cifra que afecta a muchos trabajadores estatales.
Movilización hacia APROSS el 6 de noviembre
El Plenario General también resolvió realizar una jornada de protesta el 6 de noviembre en la sede de APROSS para repudiar los aumentos en los costos de afiliación, una medida que impacta directamente en los salarios de los trabajadores provinciales y municipales.