Verónica Acosta nunca imaginó que su vida cambiaría de un día para el otro. Una transferencia de $510 millones apareció en su cuenta bancaria y, movida por la necesidad, gastó parte del dinero sin saber su origen. “Pensé en la familia, en las necesidades de los niños. No gasté toda la plata. Se gastó $44 millones”, explicó. Según su relato, a los dos días recibió una notificación judicial acusándola de estafa. “Ahí me entero que era plata del Gobierno”, sostuvo.
El caso no tardó en escalar. La policía llegó a su casa con una orden de allanamiento firmada por la fiscal Torres, secuestraron 12 celulares y se llevaron todo lo que habían comprado con el dinero. “Nos querían hacer firmar una detención antes de la audiencia, como si ya estuviéramos presos”, denunció. También reveló que intentaron llevarse a los niños a la comisaría y que debieron pagar una fianza de $30 millones —$5 millones por persona— en apenas tres días.
“Me gustaría que el hombre que hizo la transferencia dé la cara, para ver cómo se puede solucionar esto”, reclamó Acosta. Asegura que el dinero no tenía remitente y que nadie en su entorno sabía de dónde venía. “No se gastó en sushi, ni en viajes, como dijo la fiscal. Compramos mochilas, cosas básicas. El auto que tenemos es un 2010, no un cero kilómetro”, aclaró, refutando las versiones judiciales.
Hoy, espera la audiencia del 3 de junio para definir su futuro y pide apoyo económico para poder afrontar los gastos legales. “Se llevaron todo. Nos dejaron sin camas, sin piso, sin nada. Sólo quiero limpiar mi nombre. Nosotros no hemos estafado a nadie”, concluyó.
