La reforma laboral obtuvo media sanción tras un extenso debate parlamentario y en medio de protestas en las inmediaciones del Congreso. El proyecto busca modificar de manera profunda las relaciones laborales, con cambios en contratación, despidos, negociación colectiva y funcionamiento sindical. La iniciativa forma parte del plan oficial para modernizar el mercado de trabajo y promover el empleo formal, aunque genera fuerte rechazo de sectores sindicales y políticos opositores.
En el eje de las relaciones laborales, la iniciativa introduce nuevas formas de pago salarial, cambios en indemnizaciones y mayor flexibilidad en la organización del trabajo. El texto plantea reducir la complejidad de los despidos, habilitar jornadas laborales más extensas bajo ciertas condiciones y establecer límites al derecho de huelga con servicios mínimos obligatorios. También prevé la creación de un fondo financiado con aportes empresariales para cubrir indemnizaciones, además de permitir acuerdos por empresa con mayor peso que los convenios generales.
Otro bloque clave apunta a la formalización del empleo y la generación de puestos registrados mediante beneficios fiscales. Se crean programas como el de Promoción del Empleo Registrado y el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, que incluyen reducción de contribuciones patronales y condonaciones de deudas para regularizar trabajadores no registrados. El objetivo oficial es incentivar la registración laboral, aunque críticos advierten posibles impactos en el financiamiento previsional.
Finalmente, la reforma introduce cambios en la justicia laboral y en incentivos a la inversión productiva. La iniciativa busca reducir la litigiosidad laboral equiparando acuerdos homologados a sentencias firmes y crea un régimen de beneficios fiscales para inversiones productivas de pymes, incluyendo amortización acelerada y devolución anticipada de IVA. Estas medidas se enmarcan en un paquete que también apunta a reducir costos laborales y estimular la actividad económica.
