La Cámara de Diputados inició este jueves una sesión extraordinaria en la que el oficialismo buscó avanzar con la media sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil, un proyecto que incluye la baja de la edad de imputabilidad y que volvió a instalarse con fuerza en la agenda legislativa tras años de debate sin consenso.
La iniciativa, que fue discutida durante 2024 y parte de 2025, no había logrado llegar al recinto por falta de votos. Sin embargo, con una nueva composición parlamentaria y el impacto público del crimen de Jeremías Monzón, el Gobierno decidió retomar el tema e incorporarlo dentro del temario de extraordinarias.
Quórum alcanzado y una sesión extensa
El quórum reglamentario de 129 legisladores se alcanzó con el respaldo de sectores aliados y bloques dialoguistas. Estuvieron presentes 95 diputados de La Libertad Avanza, además de legisladores del interbloque Fuerza del Cambio, Innovación Federal, el bloque Independencia, Elijo Catamarca y la diputada Lourdes Arrieta, única integrante del interbloque Unidos que participó del inicio de la sesión.
Según se estimó en la reunión de Labor Parlamentaria, el tratamiento del proyecto demandaría cerca de 10 horas de debate, además de la inclusión de más de veinte cuestiones de privilegio, lo que anticipó una jornada extensa en el recinto.
En un dato significativo, durante el debate estuvo presente en el Congreso la madre de Jeremías Monzón, el joven asesinado cuyo caso impulsó nuevamente la discusión pública sobre el régimen penal juvenil.
Cambios clave en el dictamen y presupuesto millonario
Durante la semana previa, se constituyeron las cuatro comisiones que analizaron el proyecto y el miércoles se firmó dictamen, tomando como base el despacho emitido el año pasado.
Sin embargo, la nueva versión incorporó una diferencia sustancial: una previsión presupuestaria específica para garantizar la aplicación de la ley.
El dictamen incluyó partidas estimadas en $23.739.155.303, de los cuales:
- $3.131.996.784 serían aportados por el Ministerio de Justicia
- $20.607.158.519 provendrían de la Defensoría General de la Nación
Además, a pedido de sectores dialoguistas, el texto estableció que la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán celebrar convenios de colaboración, incluso contemplando el traslado o alojamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal en jurisdicciones distintas a la propia. La intención es que el Estado nacional asuma parte de los costos necesarios para adaptar los sistemas provinciales.
Baja de imputabilidad: de 16 a 14 años
El eje central del proyecto es la reducción de la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años.
La propuesta inicial impulsada por el Gobierno contemplaba bajar el límite a 13 años, pero finalmente el consenso parlamentario alcanzado fijó la edad mínima en 14.
La iniciativa también incluyó programas complementarios vinculados a la educación, capacitación laboral y actividades recreativas, con el objetivo de reforzar la reinserción social.
En los delitos con penas de hasta 3 años, y también en aquellos con penas de entre 3 y 10 años que no incluyan homicidio ni lesiones graves, se habilitarían sanciones alternativas antes de recurrir a la privación de la libertad.
Cómo serían las penas y cuál sería el máximo de prisión
En cuanto a las penas privativas de libertad, el proyecto estableció que podrían cumplirse:
- En el domicilio
- En institutos abiertos
- En establecimientos especializados
- En secciones separadas dentro de unidades penitenciarias, siempre diferenciadas de la población adulta
Uno de los puntos destacados fue que el plazo máximo de prisión para adolescentes se fijó en 15 años, por debajo de los 20 años que proponía originalmente el Poder Ejecutivo.
El texto también reguló la figura del “supervisor”, definió principios para el funcionamiento de los institutos especializados de detención e incorporó disposiciones relacionadas con la salud y la reinserción social de los jóvenes.
También se debatió el Acuerdo Mercosur–Unión Europea
Dentro del mismo temario de la sesión extraordinaria, Diputados también incluyó el proyecto para aprobar el Acuerdo Mercosur–Unión Europea, firmado el pasado 17 de enero en Asunción.
La iniciativa ya contaba con dictamen favorable de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Mercosur.
En los fundamentos enviados al Congreso, el Gobierno sostuvo que el acuerdo apunta a generar un marco comercial “moderno y mutuamente ventajoso”, reducir barreras arancelarias y no arancelarias, fomentar la integración en cadenas globales de valor y atraer inversiones.
Según el Ejecutivo, el tratado permitiría que Argentina consolide vínculos comerciales con países que representan más del 30% del PBI mundial y acceder a un mercado de más de 450 millones de personas, con potencial impacto directo en las exportaciones.
